Este lunes venció el plazo formal para que las provincias adhieran al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas que el Gobierno había lanzado el 31 de octubre. Se trata del programa con el que el Ejecutivo busca que la Nación y los distritos acuerden cómo están las deudas cruzadas entre las partes; en criollo, quién le debe a quién y que -en los papeles- habilita a canjear deudas por terrenos fiscales, rutas, obras y empresas públicas.
El Gobierno, que viene de sufrir una derrota en el Senado con la expulsión de Edgardo Kueider y no quiso abrir la discusión por el Presupuesto 2025, como reclamaban varios mandatarios provinciales, logró que 18 gobernadores de todo el arco político se sumen a la iniciativa, un primer paso antes de que cada distrito eleve su reclamo. En la Casa Rosada celebraron el detalle como una muestra del diálogo político que los delegados de Javier Milei pudieron abrir con casi todas las provincias.
Por la negativa, seis gobernadores que mantienen una relación tirante con el Ejecutivo no se interesaron por la propuesta. Se trata de tres peronistas como Axel Kicillof, Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa); el aliado de UxP Gerardo Zamora (Santiago del Estero); el radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (CABA). Con algunas excepciones, son casi los mismos que no adhirieron al RIGI a nivel local ni rubricaron acuerdos para reactivar y transferir obra pública paralizada.
«El objetivo es iniciar una nueva etapa en la relación federal», había dicho el vicejefe de Gabinete de Interior Lisandro Catalán durante la presentación de la iniciativa, cuando habló de un «borrón y cuenta nueva«, aunque el ministro de Economía es quien tiene la firma para negociar en materia de plata con las provincias.
En los últimos días Luis Caputo y Catalán –junto con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario de Provincias y Municipios, Javier Milano; y la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez– mantuvieron una serie de encuentros en el Palacio de Hacienda con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), que firmaron su carta de intención para sumarse al programa. En los próximos 30 días deben presentar toda la documentación respaldatoria.
También manifestaron la misma voluntad Misiones, Santa Cruz, Neuquén, San Juan, Chubut, Córdoba, Jujuy, Río Negro, Salta, Mendoza, San Luis, Corrientes y Tierra del Fuego. Ocho gobernadores se habían apurado en manifestar su aprobación durante las primeras semanas, como el caso del correntino Gustavo Valdés, que abrió la puerta a la transferencia de propiedades en su distrito. «¿Cuáles serían los inmuebles interesantes para la Provincia? Eso lo veremos de acuerdo con la oferta disponible», consignó en noviembre.
Aunque en la presentación del plan, el Gobierno informó que la Nación podía saldar parte de sus deudas con el traspaso de empresas públicas y de rutas nacionales, ahora hay funcionarios del Gabinete que sinceran que esas herramientas son de muy difícil implementación legal, aunque no descartan encontrar una salida en algunos casos. El chubutense Ignacio Torres fue uno de los primeros en proponer ese mecanismo para culminar obras estratégicas para las provincias.
Hay 13 provincias que reclaman ante la Corte Suprema deudas atrasadas con las cajas jubilatorias que no fueron transferidas a la ANSES y en lo que va del año no recibieron un peso. De ese lote, solo Buenos Aires y Santa Fe no firmaron.
Pullaro reclama el traspaso de las rutas 11 y 34, que contabilizan 60 muertos por siniestros en 2024. “Para el Gobierno de Milei las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan. La situación es insostenible”, señaló el ministro de Obras Lisandro Enrico.
Los $100 mil millones (más otros $150 mil millones retroactivos) que reclama La Pampa a la Nación, no impidieron que Sergio Ziliotto, uno de los duros que nunca acompañó al Gobierno en el Congreso, manifestara su adhesión al programa.
Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, coronó el lunes una sintonía política con el Gobierno que le permitió que la Nación sumara la semana pasada la construcción de dos puertos en la provincia en el pliego de la Hidrovía, un préstamo del Banco Nación para créditos a la producción y pymes y el detalle de convertirse en la primera provincia que recibió un adelanto de $2 mil millones para las cajas jubilatorias. Es mucho menos que los $9 mil millones que calculan que deberían recibir cada mes, pero más que la nada que recibieron hasta ahora el resto de las 12 provincias con las cajas previsionales que esperan que el Ejecutivo finalice la larga auditoría.
De fondo, mantiene el reclamo ante la Corte reclama $150 mil millones por esa deuda, $20 mil millones por la compensación del Consenso Fiscal firmado en 2017 y otros US$ 175 millones por las regalías pendientes de la represa de Salto Grande.