La reducción de la edad para tener y portar armas se hizo oficial este martes a través del Boletín Oficial.
n una decisión que encendió opiniones, el Gobierno Nacional anunció este martes que ahora los jóvenes de 18 años podrán adquirir, portar y usar armas de fuego, una posibilidad que antes estaba reservada para mayores de 21. Es crucial entender que no es lo mismo tener un arma en casa que llevarla consigo en la calle, por este motivo se consultó con fuentes policiales.
“La tenencia habilita al propietario a mantener un arma registrada en su casa, negocio o vehículo, siempre que esté descargada y separada de las municiones. Es lo que la mayoría de las personas tienen; se utiliza en contextos como la protección del hogar o la caza deportiva”, explicaron desde la Policía.
En cambio la portación: “permite llevar un arma cargada y lista para su uso inmediato en espacios públicos. Este permiso requiere justificación fundamentada y tiene mayores exigencias legales”, agregaron fuentes oficiales consultadas por este medio.
Ambos procesos son regulados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que mantiene estrictos requisitos para garantizar un manejo seguro y responsable de las armas.
Para acceder a un arma de fuego, se debe contar con la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), que exige:
- Ser mayor de edad (ahora 18 años).
- Aprobar un examen psicofísico.
- Presentar un certificado de antecedentes penales.
- Acreditar idoneidad en el manejo de armas.
Con la CLU, se puede tramitar la tenencia, que habilita el registro de un arma específica ante la ANMaC para fines como caza o tiro deportivo. La portación, en cambio, requiere un permiso adicional que incluye justificar las razones de seguridad o defensa para portar un arma en espacios públicos. Este permiso tiene una vigencia de 12 meses y no es renovable automáticamente.
El decreto también se enmarca en un proyecto más amplio del Ejecutivo para regularizar la situación de las armas de fuego en el país. Según datos de la ANMaC, se estima que existen más de 800.000 armas bajo tenencia irregular, lo que motivó al Gobierno a proponer reformas que incluyan procesos más ágiles y transparentes para registrar o destruir armas de forma anónima.
Mientras el oficialismo defiende la medida como un paso hacia la modernización y armonización legislativa, sectores de la oposición y especialistas en seguridad advierten sobre los riesgos de reducir la edad mínima, especialmente en un contexto de creciente violencia.