Luis Caputo, ministro de Economía, abrió ayer su consultorio en la red X (ex twitter) para responder inquietudes. Así se enteró que hay muchos usuarios enojados por los abusos de precios de las compañías que les prestan servicio, así como productores que no sienten que el gobierno haya cumplido su promesa de bajar impuestos, como se ilusionaron.
Ante la consulta de un usuario por el costo de las tarifas de telefonía móvil que “aumentan todos los meses por encima de la inflación”, Caputo respondió que “son decisiones de empresas privadas” y llamó a dar la “pelea como consumidores”.
“Yo tengo Claro en telefonía, y estoy averiguando para cambiarme. A raíz de eso, me ofrecieron un descuento, pero así y todo me parece que pago mucho”, aseguró el funcionario poniéndose en el lugar más cómodo de consumidor y ciudadano común. Así, descartó la posibilidad de actuar como regulador para argumentar que son los propios afectados quienes deben batallar por la baja de precios, porque el Estado no se involucra en las “decisiones de las empresas privadas”.
Sin embargo, entre las funciones del mandatario se encuentra la de regular y/o sancionar a proveedores en los casos de abusos en la prestación del servicio, a través de la Secretaría de Comercio. Un ejemplo de ello fue el de las prepagas, cuando este año el Ejecutivo acudió a la Justicia para frenar los fuertes aumentos en los planes.
Según datos del INDEC, el incremento interanual en los servicios de telefonía móvil, cable e internet fue del 308 por ciento en Gran Buenos Aires, del 294,6 en la región Pampeana, de 307,5 en el Noreste, del 279,6 en el Noroeste, del 298,8 en la Región de Cuyo y del 288,5 en la Patagonia.
Las compañías del sector tienen libertad para aumentar tarifas desde la desregulación de fines de junio de este año, cuando el Gobierno dejó sin efecto las reglamentaciones que ponían topes a los abonos “con el objetivo de promover la competencia”.
Las normativas fijadas entre 2020 y 2023 establecían un tope a las subas por tratarse de “servicios esenciales y estratégicos”. Sin embargo, distintas cautelares judiciales le permitieron a las telefónicas aumentar las tarifas también durante ese período. En agosto de este año la suba rondó entre el 4 y 6 por ciento, mientras que en septiembre, octubre y noviembre promedió entre el 4 y 5 por ciento mensual.
A su vez, el nuevo decreto 302/2024 argumenta que la desregulación del sector obedece a la necesidad de que las prestadoras puedan «cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación (…). Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables».
Luego de la respuesta de Caputo sobre telecomunicaciones llegaron otras preguntas. “Yo soy productor agropecuario y no puedo zafar de que ustedes me roben vía retenciones. No son una empresa privada, son el Estado. ¿Cómo hago para que me dejen de robar?”, interpeló el usuario @Chacareroveloz.
La respuesta del ministro no se hizo esperar. “Hay muchos impuestos que no tienen que estar. No solo las retenciones. Para tratar de solucionarlo, algunos vinimos al sector público. Claro que corregir décadas de despilfarro lleva algo más que 10 meses de gestión. Si en 4 años estás disconforme, votás otra alternativa” y, luego de mirar su perfil, lo mandó a ver polo y a correr carreras.
La conversación concluyó con la respuesta del mismo usuario: » O sea, ¿no las piensan bajar, es lo que querés decir?».