Ariel Waissbein renunció al frente del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) el 20 de octubre, el mismo día en que se canceló una jornada con empresas del sector. Lo mismo hizo el subdirector Ezequiel Gutesman. En noviembre asumió Walter Fabián Agüero y se publicaron nuevas exigencias para compras estatales de equipos de telecomunicaciones. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología no respondió consultas sobre estos puntos.
Ariel “Wata” Waissbein presentó su renuncia como director del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) el martes 20 de octubre, según confirmaron fuentes del sector. Ese mismo día se había cancelado una jornada con empresas argentinas de ciberseguridad que estaba prevista en el Centro Cultural de la Ciencia, en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad había sido convocada por el propio Waissbein para armar un catálogo de proveedores locales y reunir a empresas que pudieran aportar al centro de operaciones de ciberseguridad (SOC) que el CNC preparaba.
La cancelación fue dispuesta por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Adriana Baravalle, de la que depende el CNC, a última hora del lunes 19. Asistentes de distintas provincias ya habían llegado a Buenos Aires. Ese martes, Waissbein formalizó su renuncia a través de Gestión Documental Electrónica (GDE), el sistema de expedientes del Estado. El subdirector del CNC, Ezequiel Gutesman, también renunció.
Fuentes allegadas a la comunidad de ciberseguridad atribuyeron la salida a diferencias con la nueva conducción y a la falta de recursos. La Secretaría de Baravalle no respondió una consulta sobre los cambios.
El 6 de noviembre se publicó la Disposición 7/2026, con la que el nuevo director del CNC, Walter Fabián Agüero, fijó nuevos requisitos para la compra de equipos destinados a redes críticas del Estado, incluidas las de sus empresas. Agüero, licenciado en ciencias de la computación y doctorando en Ingeniería Informática por la Universidad Nacional de San Luis, había sido designado a principios de noviembre.
Para los equipos más sensibles, el anexo técnico exige la certificación TIA SCS 9001 del fabricante, administrada por una asociación estadounidense, que excluye del trámite a fabricantes alcanzados por listas de restricciones de Estados Unidos, entre ellos Huawei y ZTE. La filial argentina de Huawei sostuvo que la norma limita la participación de proveedores y dijo que evaluará alternativas legales. La medida rige desde el 7 de noviembre y se aplicará a las compras y contrataciones que se inicien a partir de los 90 días de vigencia. En ese plazo, el CNC deberá asignar un nivel de criticidad a cada categoría de equipamiento alcanzada. La adecuación de equipos ya instalados dependerá de su riesgo y cualquier orden de reemplazo deberá estar fundada.
Waissbein trabajaba en un proyecto para instalar un centro nacional de operaciones de ciberseguridad sobre infraestructura de ARSAT en Benavídez. El esquema contemplaba que un equipo de analistas monitoreara las redes de ministerios y otros organismos, detectara ataques y coordinara la respuesta a incidentes. La gestión anterior había evaluado montar el centro íntegramente en la nube, con capacidad de cómputo contratada a un proveedor, alternativa que implicaba costos en dólares. El equipo de Waissbein se inclinó por instalar los servidores en ARSAT (on premises) para contener costos. El proyecto priorizaba herramientas gratuitas y de código abierto, con productos comerciales para necesidades puntuales. En 2024 se redactaron los términos de referencia para las contrataciones.
Autoridades salientes del CNC declararon a la prensa que trabajaron “con un presupuesto que no alcanzó más que para pagar sueldos” y que entre febrero y septiembre estuvieron “sin poder contratar un especialista en ciberseguridad, ni comprar una licencia”. Señalaron que dos tercios de los recursos se destinaron a gobernanza. En mayo, el CNC aprobó la Disposición 1/2026, que exige a los organismos nacionales inventariar sus sistemas y preparar planes para mantener o recuperar servicios ante interrupciones.
El recambio también alcanzó al CERT.ar, el equipo nacional que coordina la respuesta ante incidentes informáticos. El lunes 26 de octubre fue despedido su coordinador, Ariel Cessario, mientras el organismo trabajaba en la respuesta a PHP2Shell, dos vulnerabilidades graves que afectaban a sistemas utilizados por sitios web. Cessario declaró que el equipo pasó de cuatro a tres personas y que no tienen capacidad para asistir a otros organismos. El CERT había enviado alertas a organismos nacionales y recibido respuesta de casi la mitad de los contactados.
El informe anual del CERT.ar registró 520 incidentes en 2025 y 800 hasta octubre de 2026, según datos citados por la conducción saliente del CNC.
Argentina tiene en ejecución un préstamo de US$ 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado en enero de 2023, que contempla equipar un centro de operaciones de ciberseguridad gubernamental. Al cierre de 2025, el BID había desembolsado US$ 2,5 millones, el 8,33% del crédito, según su informe de monitoreo.
En septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos abrió una convocatoria por US$ 13,9 millones para asistir en el diseño y puesta en funcionamiento del SOC Nacional. El llamado cerró el 16 de octubre y la ficha pública aún no identifica a un adjudicatario. El 22 de octubre, dos días después de la renuncia de Waissbein, la Embajada estadounidense anunció un programa de US$ 15 millones para instalar el centro de operaciones en ARSAT, bajo la administración del CNC. No está definido cómo se complementará con el préstamo del BID.
Una de las empresas mencionadas en el sector como posible participante es CrowdStrike. Consultada, la empresa remitió a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. La Secretaría recibió la consulta pero no respondió. La Embajada de Estados Unidos decidió no hacer comentarios por fuera del comunicado oficial.
Clarín contactó a Agüero, quien remitió a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Ese organismo recibió un cuestionario sobre la salida de Waissbein, el diseño del SOC en ARSAT, el préstamo del BID, las futuras contrataciones y la aplicación de las nuevas reglas, pero no envió respuestas oficiales.