La diputada provincial Valeria Pavón presentó un proyecto de ley para crear una campaña permanente de prevención y control de la sífilis en Corrientes. La iniciativa ya tomó estado parlamentario y fue girada a la Comisión de Salud Pública.
En la Cámara de Diputados de Corrientes se encuentra un proyecto de ley que busca institucionalizar acciones de testeo y tratamiento de la sífilis. La iniciativa fue presentada por la diputada provincial Valeria Pavón, de la Unión Cívica Radical (UCR), y tomó estado parlamentario el miércoles 5, siendo girada a la Comisión de Salud Pública para su análisis.
El proyecto, registrado bajo el Expediente Nº 20.200, propone la creación de una campaña provincial permanente de concientización, prevención y control de la sífilis, con el objetivo de reducir la circulación de esta infección de transmisión sexual (ITS) y prevenir, en particular, los casos de sífilis congénita.
La Comisión de Salud Pública, presidida por Albana Rotela Cañete e integrada por Ana Améndola, Andrea Giotta, Juan de la Cruz Ojeda y Ricardo «Caíto» Leconte, será la encargada de dictaminar sobre el proyecto antes de su eventual tratamiento en el recinto.
En los fundamentos del proyecto, Pavón sostuvo que la sífilis es «una infección de transmisión sexual prevenible, de diagnóstico sencillo y tratamiento eficaz» que, sin embargo, «ha registrado un incremento sostenido de casos en los últimos años, constituyéndose en un importante problema de salud pública». Remarcó que Corrientes «no es ajena a esta realidad» y que el aumento de los casos evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, concientización y diagnóstico temprano a través de acciones permanentes y coordinadas entre los organismos de salud, educación y la comunidad.
Un capítulo aparte está dedicado al control durante el embarazo. Según se establece en la propuesta legislativa, el Ministerio de Salud Pública deberá garantizar el testeo obligatorio y gratuito en cada uno de los tres trimestres, el tratamiento inmediato y el seguimiento de la gestante, su pareja y el recién nacido, y la provisión asegurada de penicilina benzatínica en toda la red sanitaria provincial.
La iniciativa contempla, además, la posibilidad de que la Provincia celebre convenios con organismos internacionales, universidades, organizaciones no gubernamentales y entidades privadas para reforzar las acciones de prevención, formación y control epidemiológico. También se invita a los municipios correntinos a adherir a la ley y desarrollar acciones complementarias en sus respectivas jurisdicciones.
Se estableció que los gastos que demande su implementación se cubrirán con la partida presupuestaria de la autoridad de aplicación, mientras que el Poder Ejecutivo tendrá 90 días desde la promulgación para reglamentarla.
La iniciativa no busca reemplazar los contenidos de la Ley Nacional 26.150 -de Educación Sexual Integral-, sino complementarlos con acciones específicas. Según explicó Pavón, el proyecto procura «reducir el estigma que aún persiste en torno a las infecciones de transmisión sexual», favoreciendo el acceso al testeo voluntario, al tratamiento oportuno y a la consulta temprana. Esto contribuiría a «disminuir la circulación de la enfermedad y prevenir nuevos casos, especialmente de sífilis congénita», adujo.
El texto, en su articulado, fija cinco objetivos centrales: difundir información científica y actualizada sobre las formas de transmisión, prevención y tratamiento de la enfermedad; garantizar el acceso gratuito y confidencial a test rápidos y pruebas serológicas; fortalecer la pesquisa en embarazadas, parejas y personas gestantes; promover el uso de métodos de barrera; y reducir el estigma social asociado a las ITS.
Para su cumplimiento, la autoridad de aplicación (que en el texto se propuso que recaiga en el Ministerio de Salud Pública provincial) deberá organizar jornadas de testeo voluntario, gratuito y confidencial en hospitales, Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) y espacios comunitarios, además de actualizar los protocolos de detección y tratamiento, capacitar anualmente a los equipos sanitarios, distribuir preservativos en los centros de salud e incorporar contenidos preventivos en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral.