El diputado provincial Ricardo Caíto Leconte presentó un proyecto para crear el Sistema Provincial de Modernización y Gestión Profesional de los Hospitales Públicos, inspirado en el Instituto de Cardiología Juana Francisca Cabral.
El diputado provincial Ricardo Caíto Leconte, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Modernización y Gestión Profesional de los Hospitales Públicos. La iniciativa se inspira en el funcionamiento del Instituto de Cardiología Juana Francisca Cabral de Corrientes Capital.
El proyecto propone que fundaciones sin fines de lucro se hagan cargo de la administración cotidiana de los principales hospitales de la provincia. Según el texto, el objetivo es «transformar a Corrientes en una provincia de referencia en materia de gestión hospitalaria pública», combinando la rectoría del Estado con una gestión «profesional, autónoma y eficiente».
La iniciativa alcanza a 14 hospitales cabecera. Además de los cuatro centros de Capital -Escuela, Vidal, Llano y Juan Pablo II-, se incluyen diez hospitales regionales del Interior: Santo Tomé (hospital San Juan Bautista), Goya (hospital regional Camilo Muniagurria), Mercedes (hospital regional Las Mercedes), Curuzú Cuatiá (hospital Doctor Fernando Irastorza), Monte Caseros (hospital Samuel W Robinson), Paso de los Libres (hospital San José), Ituzaingó (hospital Doctor Ricardo Billinghurst), Bella Vista (hospital El Salvador), Esquina (hospital San Roque) y Gobernador Virasoro (hospital Dr Miguel Ángel Sussini).
El Poder Ejecutivo quedaría facultado para incorporar otros hospitales de forma progresiva, previo informe técnico del Ministerio de Salud Pública.
De sancionarse la ley, los hospitales funcionarían como entes autárquicos con autonomía administrativa, financiera y operativa. La gestión integral quedaría en manos de fundaciones sin fines de lucro, integradas por representantes de la comunidad, profesionales e instituciones, mediante convenios con la Provincia.
Leconte remarcó que «no implica privatización alguna del sistema sanitario». El Estado continuaría como propietario de los bienes e instalaciones, garantizaría el acceso universal y gratuito, fijaría las políticas sanitarias y mantendría el control general del sistema. El Ministerio de Salud Pública conservaría la rectoría, planificación y regulación.
«La salud pública debe ser una política de Estado, pero la administración hospitalaria debe estar orientada por criterios técnicos, científicos y comunitarios, que ubiquen al paciente y al personal de salud en el centro del sistema», sostuvo el legislador.