El Poder Ejecutivo presentará modificaciones a la ley de blanqueo de capitales aprobada en diciembre, con el objetivo de incentivar la formalización de ahorros en efectivo.
El Gobierno nacional ultima los detalles para enviar al Congreso un proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que introduce cambios al régimen de blanqueo de capitales aprobado en diciembre pasado. La iniciativa fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, tras recibir recomendaciones de contadores y tributaristas.
Según informaron desde el Ejecutivo, la medida busca atraer los ahorros que se mantienen fuera del sistema financiero. Caputo afirmó que, según estimaciones del Banco Central, hay aproximadamente 170.000 millones de dólares en efectivo fuera del circuito bancario. «Necesitamos que esos dólares se vuelquen al sistema financiero para que el país crezca nuevamente, genere mayores recursos y un mayor superávit que nos permita seguir bajando impuestos», sostuvo el ministro.
Por su parte, Ibarzabal Murphy señaló que las modificaciones apuntan a «robustecer la seguridad jurídica del régimen» y brindar confianza para que los ciudadanos formalicen sus ingresos.
Punto por punto: las modificaciones del proyecto
El texto elaborado por el Ejecutivo introduce cuatro cambios técnicos principales:
- Sin límites de ingreso: Se eliminan las barreras de patrimonio o ingresos. El régimen estará abierto para todas las personas físicas y sucesiones indivisas. Los «Grandes Contribuyentes» podrán utilizar el sistema para que el fisco les pre-liquide el impuesto, aunque no accederán a los beneficios de la ley para ahorristas comunes.
- Márgenes de error más flexibles: Si Arca detecta diferencias entre lo declarado y la realidad, el contribuyente no será excluido automáticamente. No habrá exclusión si la diferencia en el impuesto es inferior al 15%. Si supera ese porcentaje, el contribuyente seguirá protegido si el monto en disputa no alcanza los 5 millones de pesos.
- Carga de la prueba pasa al Estado: Arca no podrá basarse en «presunciones» para acusar una discrepancia. El fisco deberá demostrar la irregularidad con datos concretos.
- Salvataje para el contribuyente: Si el fisco detecta una diferencia, el ciudadano tendrá 15 días hábiles para presentar una declaración jurada rectificativa y pagar la diferencia con intereses, conservando los beneficios del régimen.
- Devoluciones rápidas garantizadas: Si un contribuyente paga un ajuste y luego demuestra que el Estado estaba equivocado, Arca deberá devolver el dinero con intereses en un máximo de 45 días hábiles.
El proyecto comenzará a ser debatido en el ámbito legislativo en los próximos días.