El Gobierno nacional eliminó instancias de participación ciudadana en la designación de magistrados del máximo tribunal, lo que provocó críticas de la Junta Federal de Cortes y otros actores del ámbito judicial.
El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 467/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La medida modifica los decretos 222 y 588 de 2003, que establecían un plazo de 15 días para que ciudadanos, universidades, colegios profesionales y organizaciones de derechos humanos presentaran observaciones sobre los candidatos a la Corte Suprema antes de que sus pliegos fueran enviados al Senado. También exigían criterios de equidad de género, diversidad regional y especialidad jurídica en la preselección.
El Ejecutivo argumentó que la derogación de esos artículos eliminaba una «duplicación de instancias», ya que el Senado realiza audiencias públicas con los candidatos. Críticos señalaron que esas audiencias ocurren después de que el Ejecutivo ya eligió al postulante, por lo que suprimir la instancia previa reduce la participación ciudadana.
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) expresó su preocupación mediante una declaración firmada por su presidenta Emilia Valle, el vicepresidente Sergio Vittar y la secretaria Adriana García Nieto. Sostuvo que «cualquier modificación de los mecanismos de selección que prescinda o debilite estos principios implica un retroceso institucional incompatible con una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social del país». Para Jufejus, la integración de la Corte debe basarse en idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica.
Antes de este pronunciamiento, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, los constitucionalistas Federico Ambroggio y Andrés Gil Domínguez, y un grupo de organizaciones civiles presentaron un amparo judicial para frenar el decreto. La Asociación Argentina de Juristas también se manifestó en contra.
El asesor presidencial Santiago Caputo defendió la medida y afirmó que el Decreto 222 «era una anomalía institucional» y que la transparencia está garantizada en las audiencias del Senado, donde cada provincia tiene representación.
El debate se da en un contexto en el que la Corte Suprema tiene tres miembros tras la renuncia de Manuel García-Mansilla, cuyo pliego fue rechazado por el Senado en 2025. El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una cautelar que le impedía dictar fallos. El entonces gobernador Gustavo Valdés advirtió que el 30 por ciento de la Justicia Federal está vacante, lo que genera demoras en el acceso a la Justicia.
El amparo judicial contra el Decreto 467/2026 está en trámite, y la medida enfrenta el rechazo de Jufejus, colegios profesionales y organizaciones civiles.