El Gobierno nacional publicó el Decreto 467/2026 para simplificar trámites y reducir tiempos en la Justicia Federal, pero la medida provocó un amplio rechazo institucional, incluido el de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus).
El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 467/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La medida busca simplificar los trámites, reducir los tiempos y terminar con la parálisis que mantiene vacante cerca del 30 por ciento de los cargos de la Justicia Federal argentina.
El decreto modifica los decretos 222 y 588 de 2003, firmados por el entonces presidente Néstor Kirchner. Aquellas normas establecían una ventana de 15 días para que ciudadanos, universidades, colegios profesionales y organizaciones de derechos humanos presentaran observaciones formales ante el Ministerio de Justicia sobre los candidatos propuestos para integrar la Corte Suprema, antes de que sus pliegos llegaran al Senado. También fijaban criterios de equidad de género, diversidad regional y especialidad jurídica.
El Decreto 467/2026 derogó esos artículos. El Gobierno sostuvo que se trataba de una «duplicación de instancias», dado que el Senado ya realiza audiencias públicas con los candidatos.
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) expresó su preocupación por los cambios. A través de una declaración firmada por su presidenta Emilia Valle, el vicepresidente Sergio Vittar y la secretaria Adriana García Nieto, la organización afirmó: «Cualquier modificación de los mecanismos de selección que prescinda o debilite estos principios implica un retroceso institucional incompatible con una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social del país».
Antes de Jufejus, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, los constitucionalistas Federico Ambroggio y Andrés Gil Domínguez, y un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo ante la Justicia Federal para frenar el decreto.
El asesor presidencial Santiago Caputo defendió la medida y sostuvo que el Decreto 222 «era una anomalía institucional» y que el proceso de transparencia ya existe en las audiencias del Senado.
El debate sobre la integración de la Corte Suprema se intensificó tras la designación en comisión de Manuel García-Mansilla mediante el decreto 137 del 26 de febrero de 2025. El Senado rechazó su pliego por 51 votos contra 20, y García-Mansilla renunció cuatro días después, tras 39 días en el cargo. El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una cautelar que le impedía dictar fallos. La Corte quedó con tres miembros.
El entonces gobernador Gustavo Valdés advirtió que el 30 por ciento de la Justicia Federal está vacante, lo que genera demoras en el acceso a la Justicia. La Corte Suprema, en particular los ministros Rosenkrantz y Lorenzetti, impulsaba cambios en el sistema de selección para agilizar los nombramientos.