La jueza Cristina Pozzer Penzo procesó con prisión preventiva a siete imputados principales y a otras diez personas en una causa conexa por el caso del menor Loan Peña, ocurrido en Corrientes.
Al final de la instrucción del caso Loan Peña, la jueza Cristina Pozzer Penzo procesó con prisión preventiva a siete imputados principales por «sustracción y ocultamiento de un menor de diez años». La única excepción fue Mónica Millapi, quien obtuvo prisión domiciliaria.
La jueza descartó formalmente que Loan se hubiera perdido, que hubiera sido víctima de una red de trata o narcotráfico, o que el caso involucrara un delito contra la integridad sexual. Su conclusión fue: «Persiste la sustracción, ocultamiento y desaparición del menor».
Diez personas más fueron procesadas en una causa conexa, acusadas de haber armado una estructura paralela para desviar la investigación, incluyendo manipulación de testimonios, falso testimonio, entorpecimiento judicial, usurpación de títulos y otros delitos. Entre ellas, personas que habrían simulado ser miembros de la Fundación Lucio Dupuy para acercarse a testigos e imputados.
En abril de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ratificó los procesamientos y las prisiones preventivas. La causa quedó madura para el debate oral.
EN DETALLE
El primer grupo, imputado por la sustracción y ocultamiento de Loan, está compuesto por siete personas: María Victoria Caillava (exfuncionaria municipal), Carlos Guido Pérez (excapitán de navío), Laudelina Peña (tía de Loan), Antonio Bernardino Benítez (esposo de Laudelina), Mónica del Carmen Millapi, Daniel «Fierrito» Ramírez y el excomisario Walter Adrián Maciel. Todos enfrentan cargos encuadrados en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión.
El segundo grupo, acusado de maniobras para desviar la investigación, incluye a: Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio. Se les atribuyen distintos delitos, entre ellos falso testimonio, encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos profesionales.