Una grabación difundida en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad menciona aportes de empresarios del sector farmacéutico para un evento en el que participó el presidente Javier Milei. La fiscalía ya solicitó la indagatoria de más de 20 personas.
Una grabación de audio aportó un nuevo elemento a la causa judicial que investiga presuntas maniobras irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según la investigación difundida por el periodista Raúl Kollmann, en el audio se menciona un aporte de aproximadamente 70.000 dólares por parte de empresarios vinculados al sector farmacéutico para cubrir costos de un acto realizado en el Movistar Arena el 6 de octubre pasado.
En ese evento, el presidente Javier Milei presentó un libro y participó de un show musical. La relevancia del dato radica en que esos mismos empresarios aparecen vinculados, en la misma causa, al circuito de proveedores del Estado bajo investigación por posibles retornos y sobreprecios en contrataciones de medicamentos e insumos dentro de la ANDIS.
La causa se originó tras la difusión de audios atribuidos a exfuncionarios del organismo, donde se describiría un esquema de presuntos sobornos asociados a la adjudicación de contratos. La revelación sobre el financiamiento del acto suma un nuevo capítulo a una investigación que ya involucra a figuras cercanas al oficialismo y a empresas beneficiadas con contratos públicos.
Desde el Gobierno, las acusaciones han sido rechazadas en reiteradas ocasiones y calificadas como operaciones políticas. La causa continúa su curso en la Justicia sin definiciones concluyentes.
Ampliación de la investigación y pedidos de indagatoria
Paralelamente, la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la ANDIS sumó un nuevo capítulo con el pedido de indagatoria para Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvetey y más de 20 empresarios vinculados a la provisión de insumos médicos de alto costo.
Según la fiscalía, se habría montado un esquema articulado entre funcionarios y privados que generó erogaciones por más de 75.478 millones de pesos del Estado. Las maniobras se habrían desarrollado, al menos, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
De acuerdo con la investigación, durante ese período, funcionarios de la ANDis habrían direccionado de manera deliberada múltiples compras de insumos, favoreciendo a proveedores vinculados, quienes resultaron adjudicatarios de millonarias contrataciones a cambio de retornos y beneficios indebidos.
Las actuaciones judiciales indican que el entramado incluiría a más de 20 empresarios y más de 30 firmas, articulados con referentes del sector público y del ámbito privado.
Gravedad por el tipo de insumos involucrados
Los hechos investigados adquieren especial gravedad por el tipo de insumos involucrados. Se trata de dispositivos médicos de alto costo, como prótesis para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros.
Estos productos eran gestionados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas en situación de vulnerabilidad y sin cobertura médica específica. Según determinó la investigación, este programa, dependiente de la ANDIS, habría sido utilizado como plataforma para implementar un sistema ilegal de pagos permanentes en favor de determinados proveedores.
La Fiscalía sostuvo que, en lugar de cumplir con su función social, el programa fue utilizado para canalizar recursos públicos hacia intereses privados, afectando tanto al Estado como a la población destinataria.
El esquema incluiría prácticas como la autorización selectiva de comercialización con la ANDIS, la filtración de información privilegiada para facilitar adjudicaciones y la coordinación entre empresas para manipular procesos de contratación. Además, se detectó la participación directa de empresarios en decisiones clave, como la definición de precios y la selección de proveedores.
Tras siete meses de investigación, la Fiscalía concluyó que la ANDIS habría operado como una estructura discrecional destinada a concentrar beneficios económicos en proveedores específicos, mediante contrataciones por fuera de los principios de transparencia, competencia y control. Actualmente, la causa cuenta con 19 personas procesadas y más de 20 involucrados adicionales sobre los cuales se solicitó el llamado a indagatoria.