El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, lanzó la privatización de Corredores Viales S.A., la firma estatal que administra más de 6.000 km de rutas nacionales. La resolución 1284/2025, publicada en el Boletín Oficial, avanza en la política de reducción de la presencia del Estado en empresas públicas.
La iniciativa se basa en la Ley 27.742 (Ley Bases), que incluye a Corredores Viales entre las compañías sujetas a venta, junto con los decretos 695/2024 y 97/2025. El plan contempla rescindir contratos vigentes, adjudicar los corredores a nuevos operadores privados y, finalmente, disolver y liquidar la empresa estatal.
La Secretaría de Transporte elaborará el inventario de bienes que regresarán al Ministerio de Economía, evaluará las condiciones de las rutas y obras, y tramitará la rescisión de convenios no esenciales. Por su parte, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas supervisará la valuación de los flujos futuros por peaje y la tasación de bienes, con apoyo del Tribunal de Tasaciones de la Nación o de otros organismos públicos. La licitación y adjudicación se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR.
Liquidación de Corredores Viales
La normativa fija un plazo de hasta 12 meses para finalizar la adjudicación de los nuevos tramos y avanzar con la liquidación de Corredores Viales. Durante la transición, la Secretaría de Transporte podrá recibir apoyo técnico de la empresa estatal, mientras la Agencia prepara toda la documentación técnica, contractual y licitatoria.
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El proceso forma parte de la estrategia oficial para transformar el sector público, que incluye cierres, liquidaciones, ventas, fusiones y reorganizaciones de empresas estatales. El objetivo es que operadores privados, nacionales e internacionales, gestionen rutas y autopistas bajo el esquema de obra pública con peaje.
Según datos oficiales, al cierre de junio, Corredores Viales tenía 3.307 empleados y registró un superávit de $5.200 millones en el primer semestre, sin recibir aportes del Tesoro Nacional. La reducción de personal en el sector público continúa: desde enero de 2024 hasta julio de 2025 se perdieron 46.126 empleos entre la administración pública, empresas y sociedades, con caídas mensuales tanto en la administración centralizada como en la descentralizada.
La venta de Corredores Viales se enmarca en este contexto de reestructuración estatal, que busca eficiencia en la gestión de recursos y modernización de la infraestructura vial del país.