Otra denuncia de acoso sexual contra el fiscal antisemita de la Corte Internacional

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POLÍTICA

Karim Khan enfrenta una segunda denuncia por presunta conducta sexual inapropiada

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, enfrenta una segunda denuncia por presunta conducta sexual inapropiada, lo que intensifica el escrutinio sobre su gestión en un momento especialmente sensible para el tribunal.

La denunciante es una ex pasante no remunerada que trabajó con Khan en 2009, cuando tenía poco más de 20 años. La mujer asegura que sufrió tocamientos y avances no deseados, además de comportamientos coercitivos disfrazados de mentoría profesional. Describió la experiencia como un “asedio constante”.

Khan, por su parte, niega categóricamente las acusaciones y asegura que “nunca” incurrió en conducta indebida. Sin embargo, decidió apartarse temporalmente del cargo mientras un organismo de supervisión de Naciones Unidas investiga el caso.

Esta nueva denuncia se suma a la presentada a principios de 2025 por una empleada de la CPI, quien lo acusó de presionarla durante un periodo prolongado entre 2023 y 2024. Tras esa primera acusación, Khan ya había tomado una licencia, dejando la dirección de la Fiscalía en manos de sus adjuntos.

El contexto político aumenta la tensión. Durante su mandato, Khan ha estado en el centro de la polémica por las órdenes de arresto emitidas contra dirigentes israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

En mayo de 2025, el fiscal fue más allá al solicitar órdenes adicionales contra los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, vinculadas a la política de asentamientos en Cisjordania.

| La Derecha Diario

Estas decisiones generaron fuertes críticas en Israel y Estados Unidos, mientras informes apuntaban a operaciones encubiertas destinadas a desacreditar al tribunal y a vigilar tanto a Khan como a su predecesora, Fatou Bensouda.

La investigación de la ONU sigue en curso. Si se confirmara una falta grave, los Estados miembros de la CPI tendrían que votar sobre su eventual destitución, un hecho sin precedentes en la historia del tribunal.

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