Mañana a primera hora vence el plazo excepcional para que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le presente al Tribunal Oral Federal Número 2 la nómina de su círculo más íntimo que podrá reunirse con ella sin autorización judicial.
Tal parece que la consignación de dicha lista no se concretará, pues la defensa de la exmandataria pidió revocar y dejar sin efecto ese punto que forma parte de los requerimientos dispuestos por los jueces para que cumpla el arresto domiciliario.
En ese marco, el tribunal se prepara para probablemente contestarle mañana mismo, pero la expresidenta ya está preparada ante una eventual respuesta negativa y sea la Cámara Federal de Casación la que dirima no solo esto, sino todo lo que en adelante busque objetar.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Allí se encontrará con los magistrados Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, integrantes de la sala IV, con quienes la exmandataria no ha corrido con la mejor de las suertes ante diversos planteos.
Hay que recordar que esa misma sala puso un límite a las intenciones de la exvicepresidenta cuando buscó apartar a los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, además de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola cerca de la etapa final del juicio.
Paralelamente, los abogados de CFK también objetaron la imparcialidad de los integrantes de la sala IV en varias oportunidades, principalmente de los camaristas Borinsky y Hornos, a quienes acusó de haberse reunido con Mauricio Macri cuando era presidente.
A ellos se sumó el cuestionamiento de la defensa de la exmandataria sobre el magistrado Diego Barroetaveña, de quien, bajo el argumento de la existencia de “circunstancias objetivas que ponían en crisis su imparcialidad”, además de la objetividad del fiscal ante Casación Mario Villar, exigieron, sin éxito, suspender las audiencias de revisión de la condena que desde hace pocos días empezó a cumplir.
Por otra parte, Casación también aguarda por la impugnación que elevarán los fiscales Luciani y Mola, quienes rechazaron que Cristina cumpla la pena bajo arresto domiciliario. A criterio de ambos, la decisión del TOF 2 pone en jaque el deber del Ministerio Público y también “se estaría incurriendo en una interpretación errónea o arbitraria de las disposiciones sustantivas y procesales” que afectan al debido proceso que también los ampara como parte.
La defensa de la exvicepresidenta había exigido el beneficio por cuestiones etarias y su condición de antigua mandataria del cual hizo hincapié en su seguridad tras haber sido víctima de un intento de homicidio, razón por la que alegaron que no puede cumplir pena en un centro de detención común.
Una de las circunstancias que aludieron fue el vínculo del diputado Gerardo Milman (quien es investigado por presuntamente haber tenido conocimiento previo del atentado) con Patricia Bullrich. “Los instigadores del hecho mantendrían contactos directos con altos sectores del poder político y económico de nuestro país. Incluso, una de las personas sospechadas tiene relación directa con quien actualmente se desempeña como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, en cuya órbita actúa, precisamente, el Servicio Penitenciario Federal”.