El fiscal Luciani pidió al tribunal denegar la domiciliaria a Cristina Kirchner

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Cristina Kirchner fue beneficiada con el arresto domiciliario, luego de que los fiscales Luciani y Mola hubieran interpretado que debía ser condenada por la causa “vialidad”. Para sorpresa de los fiscales, la expresidenta se recluyó en su domicilio de recoleta, causando un gran impacto social.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Sin embargo, está en su domicilio particular lo que no ha agradado mucho a sus detractores y los fiscales están solicitando se rechace el beneficio.

Hace algunas horas, el fiscal Diego Luciani solicitó al tribunal oral federal N°2 que rechace el pedido de prisión en el domicilio de la expresidenta argumentando que no hay causa que justifique dicho beneficio ni siquiera en contra de las leyes humanitarias.

“No se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria”.

Según la interpretación del fiscal Sergio Mola no habría una razón humanitaria para que la presidenta del PJ nacional esté beneficiada en su hogar. Esto ha causado un fuerte rechazo a nivel nacional desde todas las organizaciones legales del país.

Como se sabe, ninguna dama mayor de 70 años está presa en el país, por lo que no se sabe a ciencia cierta porqué los fiscales solicitan esta medida. Sin embargo, el tribunal no está obligado a tomar esta determinación y podrían pronunciarse en breve.

La sociedad por sí misma ha condenado a los fiscales Luciani y Mola por mal desempeño en sus deberes de funcionarios públicos, argumentando que la feroz cacería de la expresidenta por medios legales ha horadado el tejido democrático como nunca antes.

La puja de poderes

Cristina Kirchner se ha convertido en una de las primeras víctimas del pode que ha gobernado el país desde la dictadura, especialmente los medios de comunicación que en connivencia con jueces, fiscales y abogados han intentado castigar a la expresidenta.

Sin embargo, la presión de la sociedad, sumado a la de organismos de derechos humanos y asociaciones de abogados han colocado la mirada sobre el peligro que representa la justicia parcial en este país.

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