El Gobierno presentará el próximo lunes una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, previamente cuestionada por el Ministerio de Seguridad tras haber liberado a las pocas horas a los 114 manifestantes que fueron detenidos » data-mrf-recirculation=»n_link_parrafo»> tras haber liberado a las pocas horas a los 114 manifestantes que fueron detenidos durante la marcha por los jubilados del miércoles pasado frente al Congreso. Según anticiparon a LA NACION desde la cartera que conduce Patricia Bullrich, la acusación contra la magistrada no solo será por el “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “prevaricato”, sino también por haber sido “deliberadamente funcional al delito de sedición y atentado al orden público”.
La embestida contra Andrade se da luego que el Gobierno pidiera apartarla de la causa y tras la denuncia que presentó este viernes el Ministerio de Seguridad contra “grupos organizados de barrabravas” de más de una veintena de clubes de futbol por los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada.
En aquella demanda, el Ministerio de Seguridad ya había anticipado su jugada al aclarar que se encontraba evaluando la presentación de una denuncia penal contra Andrade por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionario público. Es que desde la cartera que lidera Bullrich le endilgan a la magistrada, a cargo del Juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Capital, “no haber aplicado la Ley”, al momento de liberar a los 114 presos durante la marcha de los jubilados.
“La decisión no fue judicial, fue política. Fue deliberadamente funcional para que se sostengan todos los hechos ocurridos. Es una juez que no miró la Ley. No solo es negligente, sino deliberadamente funcional a la sedición y al delito del atentado al orden constitucional”, apuntó a LA NACION el director de legales del ministerio de Bullrich, el abogado Fernando Soto.
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