«Control de daños». Es la frase que más se repite en círculos cercanos al Presidente desde hace ya unos cuantos días. Claro, hace referencia al escándalo (ellos opinan que «no tanto») de la memecoin $Libra (llamarla criptomoneda pareciera que es subirle el precio injustificadamente), a la que Javier Milei quedó «pegado» como promotor o difusor. Pero hasta ahora, solo eso. No le saldrá gratuito el error, lo saben, pero apuntan a que no sea tan caro. A eso se refieren con el «control de daños».
Por lo pronto, Javier Milei pudo viajar a Washington sin pasar por el asedio de quienes podrían haberle amargado la visita inculpándolo de presunta estafa. Esta cumpliendo con su programa y este sábado se cruzará con Donald Trump, aunque no en una reunión a solas en la Casa Blanca, como esperaba. Ya se encontró con la titular del FMI, habló en un encuentro en el BID y se conectó con las autoridades del Banco Mundial.
¿Ello significa que el escándalo $Libra no tuvo implicancia alguna en la relación con los organismos financieros internacionales? «No cambia las relaciones en lo inmediato, pero no es un tema totalmente ajeno a la relación entre Argentina y el mundo financiero», opinó, con prudencia, un funcionario de larga trayectoria en dichos organismos, al ser consultado por este diario.
La alusión a que no cambia «en lo inmediato» hace referencia a que habrá que esperar cómo evolucionan ciertos acontecimientos. Fundamentalmente, la oleada de demandas judiciales que genera la causa Libra.
La justicia estadounidense contempla dos vías para tramitar las demandas. Una es el fuero federal, pero abrir una investigación en esa vía supondría plantear la causa de estafa o de pago de «coimas». En ese caso, se estaría transitando un camino que lleva a la intervención de dos organismos clave en estos asuntos: la SEC (órgano de control financiero) y el FBI (cuerpo de investigación de delitos complejos).
El otro es el fuero civil, que depende de cada estado (lo que equivaldría a jurisdicción provincial en Argentina), en el cual se pueden presentar los perjudicados por las supuestas maniobras con el valor del memecoin, buscando un resarcimiento económico.
En este último fuero, todo indica que se han presentado centenares de demandas. Pero el de mayor impacto político –y, eventualmente, mayor repercusión institucional– es el fuero federal, sobre el cual hasta ahora solamente circulan rumores.
Se sabe: en Estados Unidos residen «tanto estafados como estafadores», (si se comprueba la estafa con $Libra). Lo cual le dará a la intervención judicial una dinámica que, de otra forma, no tendría. Además, la existencia de personajes como Hayden Davis, aparentemente asesor técnico en la instrumentación del memecoin $Libra, le da letra a las especulaciones.
Una de ellas es: ¿podría llegar a aplicarse la ley anticorrupción estadounidense puesta en vigencia en diciembre de 2023 al caso Libra? Conocida como ley FEPA, por su sigla en inglés de Ley de Prevención de la Extorsión en el Exterior, introduce como novedad sobre la ley anterior que habilita a los fiscales de Estados Unidos a pedir la extradición de personas acusadas por soborno transnacional. Estas personas pueden ser, incluso, funcionarios de alto nivel del poder ejecutivo del país donde se cometió el delito, en contra o en connivencia con una persona o entidad estadounidense.
La FEPA tipifica como delito el «cometido por un funcionario extranjero, quien exija o acepte un soborno de una empresa estadounidense, o de cualquier persona que se encuentre en el territorio de los Estados Unidos, en relación con la obtención de negocios o la retención de estos».
Si algún funcionario argentino, o un familiar directo, hubiera cobrado o pagado por promocionar un negocio del que resultó perjudicado un ciudadano estadounidense, podría quedar abarcado por la tipificación de delito de la FEPA. No hay evidencias de ello, pero los dichos de Davis abren la puerta a la sospecha.
Aparte de lo que suceda en los tribunales norteamericanos, también pasan cosas en territorio propio a partir del terremoto Libra. En el círculo empresario que acompañó la llegada de Milei al gobierno ya se hacen especulaciones en torno a la incapacidad que habrían revelado varios personajes clave en el entorno del Presidente. Señalan que fue pésimamente asesorado en el tema criptomonedas, que además le han acercado personas de ese mundo financiero que no son los más aconsejables, y que en definitiva le han hecho pagar un costo político innecesario y, por el momento, difícil de revertir.
Un sector del poder económico siempre dispuesto a demostrar que jámás pierde el manejo de las riendas es el energético. Y están decididos a «corregir» por sí mismos estas dificultades y, sobre todo, la presencia de personajes que los intranquilizan en su sector. Los apuntados son funcionarios respaldados, o puestos allí, justamente por dos integrantes del entorno presidencial bajo cuestionamiento: Luis y Santiago Caputo.
Esta semana se produjo un llamativo movimiento en el sector: el regreso a funciones de Eduardo Rodriguez Chirillo, el ex secretario de Energía que fue desplazado en octubre de 2024 de su cargo por marcadas desaveniencias con el ministro de Economía.
Volvió nada menos que para ocupar un sillón en el directorio de YPF, empresa en la cual se esperan además otros movimientos. Las miradas apuntan al vicepresidente de Relaciones Institucionales, Guillermo Garat, ex socio de Santiago Caputo y Rodrigo Lugones en la consultora MOVE.
El núcleo fuerte del sector energético (no son más de cinco empresas) exige que el clan Caputo tome distancia del área. Eso también incluiría a Daniel González, pieza colocada por Luis Caputo en el cargo de secretario de Coordinación de Energía y Minería. Un cargo creado por Caputo para él, como una suerte de súper secretaría en dos áreas estratégicas del plan económico.
El escándalo Libra le abrió la oportunidad a los dueños del negocio energético para intentar desplazar al clan Caputo del sector. Saben, además, que el gobierno no está en posición de perder aliados. Sólo pidió tiempo, pero los cambios (incluiría otros nombres, además de los señalados) no demorarían más de 90 días.