Un buque de 107 metros de longitud que permaneció más de dos décadas amarrado a un astillero en Corrientes se desprendió de su lugar fijado y quedó a la deriva. La fuerza de la corriente, impulsada por las crecidas del río Paraná en el marco del fenómeno climático El Niño, provocó la rotura de los cabos que sujetaban la estructura. Sin tripulación a bordo ni control alguno, la embarcación se desplazó casi dos kilómetros río abajo.
Un buque de 107 metros de longitud que permaneció más de dos décadas amarrado a un astillero en Corrientes se desprendió de su lugar fijado y quedó a la deriva. La fuerza de la corriente, impulsada por las crecidas del río Paraná en el marco del fenómeno climático El Niño, provocó la rotura de los cabos que sujetaban la estructura. Sin tripulación a bordo ni control alguno, la embarcación se desplazó casi dos kilómetros río abajo.
Actualmente, la nave —identificada como Uros-Z— se encuentra encallada frente a los barrios Quilmes y Los Astilleros. El hecho ha generado fuerte preocupación entre los vecinos y navegantes locales, ya que la embarcación permanece totalmente a oscuras, sin boyas ni señalización visual, convirtiéndose en un obstáculo de gran riesgo para pescadores y embarcaciones de menor porte que transitan habitualmente por esa zona.
La fuerza del caudal no solo arrastró el casco de 107 metros de eslora, sino una masa de hierro de 14,5 metros de manga y 6,70 metros de puntal. Según informaron medios locales, el buque avanzó sin rumbo fijo hasta quedar varado en el lecho del río.
Una obra inconclusa y un limbo administrativo
La historia del Uros-Z se remonta a comienzos de la década de 1990. Diseñado como un buque tanque químico con bodegas de acero inoxidable para el transporte de insumos industriales, su construcción fue encargada por una firma privada con financiamiento del Fondo Nacional de la Marina Mercante al reconocido Astillero Corrientes S. A.
Sin embargo, a mediados de esa misma década, la empresa contratante entró en concurso de acreedores. Para saldar las deudas pendientes, el Estado nacional asumió la propiedad de la embarcación mediante un acuerdo oficial.
Desde aquel momento, el barco quedó atrapado en un limbo administrativo: como nunca se concluyó su edificación, jamás obtuvo una matrícula oficial, y en la actualidad persiste la incertidumbre sobre qué organismo público ostenta la jurisdicción legal sobre la nave.