El abogado Juan Saucedo, representante legal de la familia de la adolescente asesinada en Alvear, afirmó que la Fiscalía rechazó pedidos de prueba y sostuvo que la joven imputada recibió el beneficio de prisión domiciliaria. Las pericias psiquiátricas concluyeron que ambos acusados son imputables.
El caso por el homicidio de Cecilia Emilce Lazcano (16), ocurrido durante la madrugada del 16 de julio en la vieja estación de trenes de Alvear, continúa con dos adolescentes de 16 y 17 años imputados por homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas. La causa está a cargo de la Fiscalía de Santo Tomé, conducida por el fiscal Facundo Cabral.
Prisión domiciliaria para la coautora
El abogado querellante Juan Saucedo, representante de la familia de la víctima, se refirió a la situación procesal de N L (17), imputada como coautora del hecho. Según Saucedo, sobre la joven pesa la misma calificación penal que sobre el autor material del ataque, pero la Justicia le otorgó prisión domiciliaria bajo responsabilidad parental.
«Esta chica es hija de un sargento de la Policía de la Provincia y la madre es funcionaria municipal de la localidad de Alvear», declaró el letrado. Para la querella, esa condición incidió en la decisión judicial: «Esto ha implicado que, entre otras cosas, obtuviera el beneficio de la prisión domiciliaria. Según el fiscal, es porque no habría lugar de alojamiento para menores del sexo femenino, pero la verdad es que sigue haciendo su vida normal dentro de una casa, recibiendo visitas y sin un control estricto de las autoridades».
La hipótesis de un tercer interviniente
La querella sostiene que pudo haber un tercer participante en el hecho. De los peritajes a las comunicaciones telefónicas entre los dos menores imputados surgen chats iniciados en noviembre de 2025 que mencionan a un individuo apodado «Max». Tras el ataque, el autor material escribió a su novia que «M me va a querer ahorcar» y que ese sujeto «mueve un dedo y arregla todo».
La Fiscalía sostiene que «Max» sería una creación imaginaria de los menores. Saucedo afirmó: «Creemos por la mecánica de la agresión que había una persona esperándolos en la estación; el menor no actuó solo por más que en los mensajes saliera otra cosa».
El abogado también declaró que el Ministerio Público rechazó pedidos de prueba de la familia: «Pedimos los movimientos telefónicos para verificar dónde estaba la menor y su madre esa noche, pero no nos hacen lugar. Hay una voluntad de la Fiscalía de acelerar esto, cerrar y cuanto antes elevar la causa a juicio, sin agotar las investigaciones para determinar si hubo terceras personas involucradas».
Pericias psiquiátricas y planificación del hecho
Sobre el perfil de los acusados, Saucedo manifestó: «Las pericias psiquiátricas de ambos arrojaron que tienen plena conciencia de la criminalidad de sus actos, son absolutamente imputables».
El letrado sostuvo que el crimen fue organizado con antelación: «Desde mayo de 2026 empezaron a preparar la forma de matarla; la eligieron a Cecilia porque era una chica buena, inocente y la marcaban como débil». Añadió que los acusados crearon un grupo de contención a partir de falsos rumores sobre la víctima para intentar simular un suicidio tras la agresión.
Respecto de los mensajes posteriores al ataque, Saucedo indicó: «Cuando se enteraron de que Cecilia había sobrevivido al ataque y agonizó durante seis horas intentando salvar su vida, la joven imputada se enojó y le recriminó a su novio: “¿Por qué no la cortaste en pedazos?”».
Marco legal
Saucedo se refirió al régimen penal aplicable a los imputados y señaló que se aplicará el nuevo Régimen Penal Juvenil por ser la ley penal más benigna. «Si esto fuera para el caso de adultos, la condena en expectativa sería de prisión perpetua. En este caso, por la nueva ley, el tope de la pena es de 15 años», explicó. Y concluyó: «La baja de la edad de imputabilidad no vino a solucionar el problema de la impunidad de los menores que conocen perfectamente lo que hacen, sino que vino a complicar más el panorama porque otorga más alternativas a la defensa».
La familia Lazcano y la comunidad de Alvear continúan solicitando la apertura de todas las líneas de investigación.