En una doble jornada de reuniones celebrada ayer en Ituzaingó, la Policía Rural, la Prefectura Naval y productores de la zona acordaron un esquema de cooperación para prevenir el robo de ganado en la costa del Paraná.
Autoridades de la Policía de Corrientes, de la Prefectura Naval Argentina y productores ganaderos de la costa del río Paraná mantuvieron ayer dos reuniones en la localidad de Ituzaingó para coordinar acciones contra el abigeato transfronterizo.
El primer encuentro se realizó en la sede de la Prefectura de Ituzaingó. Participaron el prefecto de Zona Alto Paraná, prefecto mayor Eduardo Farrus, junto a los titulares de las delegaciones de Posadas, Itá Ibaté y la jurisdicción local. Por la Policía de Corrientes asistieron el director general de Seguridad Rural y Ecológica, comisario general Gerardo Torres, y el jefe de la Unidad Especial de Ituzaingó, comisario inspector Marcelino Cardozo.
Durante la reunión se diagnosticó que las bandas delictivas aprovechan la frontera fluvial para sustraer animales en territorio argentino y trasladarlos hacia Paraguay. Como resultado, se acordó incrementar el intercambio de información, establecer mecanismos de alerta temprana y planificar operativos conjuntos ante movimientos sospechosos en la costa.
La segunda reunión se llevó a cabo en la Municipalidad de Ituzaingó, con la presencia del intendente Emilio Nicolás. Allí, la Policía Rural y autoridades de la Unidad Regional VI se reunieron con productores de las islas Apipé. El foco de preocupación está en la zona conocida como “La Mosca”, donde la crecida del río Paraná obligó a los isleños a trasladar su ganado a la costa firme, lo que generó una concentración de animales que resultaría atractiva para las bandas dedicadas al robo de hacienda.
Los productores se comprometieron a reportar de inmediato cualquier irregularidad en sus campos. Según indicaron, esta modalidad de trabajo se replicará en la localidad de Santo Tomé, otro punto de la frontera este.
En el marco de los encuentros, algunos productores expresaron su descontento con el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la ministra Patricia Monteoliva, por considerar que falta un respaldo más contundente desde el ámbito federal para enfrentar el delito en la zona.