La administración de Javier Milei optó por no pronunciarse sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una estrategia que apunta a las elecciones de 2027.
La reaparición de Cristina Kirchner con denuncias de proscripción y la presentación de su caso ante organismos internacionales volvió a sacudir el escenario político. En la Casa Rosada, la reacción oficial fue el distanciamiento deliberado.
La gestión de Javier Milei sostiene una postura de prescindencia que, según fuentes oficiales, responde a un pragmatismo político orientado a las elecciones presidenciales de 2027.
La decisión de no interferir en los expedientes ni emitir declaraciones altisonantes busca evitar costos políticos y no quedar atrapado en una discusión ajena. Al dejar que la Justicia actúe sin presión explícita del Ejecutivo, el Gobierno resguarda su discurso de respeto institucional.
En la lectura política de Balcarce 50, la figura de Cristina Kirchner funciona como un ordenador para el esquema libertario. Su presencia en la discusión pública, incluso bajo condena o con limitaciones procesales, reactiva el voto antikirchnerista y mantiene vigente la grieta sobre la que el oficialismo cimentó su llegada al poder.
Una eventual competencia de la ex vicepresidenta no es leída en el Gobierno como una amenaza directa hacia los planes de reelección. Por el contrario, representa la posibilidad de enfrentar nuevamente la figura de mayor nivel de rechazo en el electorado, obturando el surgimiento de alternativas de centro o liderazgos moderados dentro de la oposición.
El impacto de la situación judicial de la expresidenta sobre la estructura del peronismo genera indefinición sobre su futuro político y profundiza las tensiones territoriales, particularmente la disputa entre la conducción del Instituto Patria y el armado del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
A este escenario se suma la agenda de reformas electorales que impulsa el Gobierno, entre las que destaca la eliminación o suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La supresión de esta herramienta obligaría a las distintas facciones del peronismo a resolver sus candidaturas mediante acuerdos manuales.
De cara a 2027, el plan de reelección libertario identifica como único escenario de riesgo la irrupción de un candidato opositor de perfil moderado en un eventual balotaje. Al mantener la distancia y dejar que la crisis judicial y política del peronismo siga su curso, Javier Milei evita el costo del conflicto y busca garantizar que ese rival de consenso no llegue a construirse.