Un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Corrientes propone crear una plataforma digital unificada para relevar y sistematizar todas las actividades económicas de la provincia, con beneficios para empresas formalizadas.
En la Cámara de Diputados de Corrientes se encuentra un proyecto de ley que apunta a transformar la forma en que la provincia sistematiza y planifica su entramado productivo. La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Sofía Brambilla (PRO), busca crear el denominado Registro digital provincial de industrias y comercios, una herramienta que, según su autora, mejorará la relación entre el Estado y el sector económico correntino.
El expediente (Nº 20.153) fue presentado por Brambilla y se halla actualmente en la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo, presidida por la propia legisladora. Integran también esa comisión los diputados Edgar «Egui» Benítez, Natalia Romero, Lucía Pereyra y Adriana Vidal Domínguez.
En sus fundamentos, Brambilla afirmó: «Es una herramienta estratégica para fortalecer la planificación económica, la promoción industrial y comercial, la formalización de actividades económicas y el desarrollo regional equilibrado».
La propuesta contempla la implementación de una plataforma digital unificada mediante la cual se realizarán los trámites de inscripción, actualización, consulta, emisión de certificados, presentación de declaraciones juradas y notificaciones electrónicas. Esta deberá garantizar accesibilidad, seguridad informática, trazabilidad de la información e interoperabilidad con otros sistemas públicos, según establece el articulado del proyecto.
La inscripción en el registro será obligatoria para todas las personas humanas o jurídicas que desarrollen actividades industriales o comerciales en territorio provincial. Quedan comprendidas fábricas, aserraderos, frigoríficos, molinos, supermercados, establecimientos gastronómicos, farmacias, corralones, distribuidoras y comercios en línea, entre otros. La autora señaló que la enumeración tiene «carácter enunciativo y no limitativo», lo que implica que otros rubros podrán ser incorporados según la reglamentación.
Un aspecto destacado del proyecto es su carácter complementario respecto a registros y habilitaciones nacionales, provinciales o municipales existentes. La iniciativa no reemplaza ni exime del cumplimiento de obligaciones derivadas de esos registros, sino que se posiciona como una herramienta de relevamiento, sistematización de información económica y planificación productiva en el marco de las competencias propias de la Provincia.
El proyecto invita también a los municipios a adherir a la ley y coordinar mecanismos de intercambio de información, simplificación administrativa y ventanilla única digital. La información recabada tendrá carácter confidencial conforme a la legislación vigente sobre protección de datos y secreto comercial, aunque podrá ser utilizada con fines estadísticos y administrativos por el Estado provincial.
De aprobarse, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de 180 días de su promulgación. Los comerciantes e industriales que ya estén en funcionamiento al momento de la entrada en vigencia tendrán 120 días corridos para inscribirse; quienes inicien actividades con posterioridad dispondrán de 180 días desde el inicio efectivo de sus operaciones. El incumplimiento de estos plazos constituirá una infracción pasible de multas.
Dentro de la plataforma, los sujetos obligados deberán constituir un domicilio electrónico válido para todas las comunicaciones y actualizar anualmente la información registral. La información incluirá la actividad o actividades económicas desarrolladas, domicilios, modalidad de comercialización (presencial, electrónica o ambas) y capacidad productiva cuando corresponda.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio, que deberá elaborar y mantener actualizado un Mapa económico productivo provincial, sobre la base de la información relevada, con el objetivo de generar estadísticas provinciales, fortalecer la planificación estratégica y fomentar la radicación e inversión productiva.