La exigencia ciudadana por un servicio judicial transparente y despolitizado impulsa reformas en la Corte Suprema y en el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.
La exigencia ciudadana por un servicio clave de la República, transparente y despolitizado, ha puesto en jaque a las viejas estructuras judiciales. Mientras la Corte Suprema de la Nación impulsa una profunda reforma en el Consejo de la Magistratura para objetivar la selección de jueces, respaldada por juristas ante un modelo agotado, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes sintoniza con este clima de época al anunciar una reestructuración administrativa sin precedentes, liderada por los ministros Fernando Niz y Eduardo Panseri.
La administración de Justicia en la Argentina transita un punto de no retorno. Durante décadas, el sistema ha convivido con vicios estructurales, letargo burocrático y una permeabilidad política que terminó por dinamitar la confianza ciudadana. Hoy, la sociedad ya no sugiere: exige un cambio de paradigma. Y las cúpulas judiciales, tanto a escala federal como provincial, parecen haber acusado recibo de que el sostenimiento de este modelo obsoleto es institucionalmente inviable.
En la órbita nacional, el tablero se sacudió con la reciente avanzada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal como vienen reflejando distintos medios del país, el máximo Tribunal ha decidido intervenir directamente en la génesis del problema: el proceso de selección de magistrados a cargo del Consejo de la Magistratura. A través de un nuevo y ambicioso proyecto de reglamento (Acordada 4/2026), la Corte busca asestarle un golpe a la discrecionalidad política. La iniciativa impone exámenes anónimos, bancos de preguntas estandarizadas y reduce al mínimo el peso de las entrevistas personales (limitándolas a un 10 por ciento), cerrándole la puerta al «amiguismo» y al «teje y maneje» político.
Eruditos en la materia, asociaciones de magistrados y el propio sector empresarial han salido a respaldar de manera tajante esta reforma. El diagnóstico de los especialistas es unánime: es imperioso abandonar un mecanismo de selección degradado que prioriza los contactos por sobre la idoneidad técnica. Este clamor por una Justicia eficiente y de vanguardia no se agota en Comodoro Py ni en el Palacio de Tribunales de Talcahuano. La onda expansiva de esta transformación tiene su correlato directo en las provincias, donde la operatividad diaria del servicio de Justicia define la relación real con el ciudadano.
Es en este contexto que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes acaba de dar un paso que promete marcar un antes y un después en su historia institucional. Desde el Salón Auditorio del Poder Judicial, los ministros Fernando Augusto Niz y Eduardo Panseri presentaron (esta semana que concluye) un plan de reorganización funcional diseñado para convertir a la Secretaría Administrativa en un modelo de gestión basado en datos, dejando atrás la burocracia fragmentada. Al igual que ocurre a escala nacional con la selección de jueces, en Corrientes el diagnóstico fue contundente: el crecimiento institucional, la digitalización y los nuevos códigos procesales dejaron vieja la estructura administrativa.
Durante la presentación, el doctor Fernando Niz fue claro al señalar que este proyecto, inédito a nivel país, trasciende el mero movimiento de oficinas: «No se trata sólo de reorganizar, sino de transformar la forma de gestionar». Para Niz, el capital humano es el valor fundamental para construir este nuevo paradigma, que ya capta la atención de tribunales en Brasil y Chile. El mérito de esta reingeniería correntina, también, radica en su viabilidad técnica y económica. El ministro Eduardo Panseri, encargado de aportar la visión operativa, definió el proyecto como una «bisagra» institucional y fue tajante al despejar fantasmas: la modernización no tendrá costo fiscal. «No implica impacto en el presupuesto ni incremento en la planta laboral, tampoco se quitará la jerarquía de nadie ni habrá perjuicio salarial», aseguró. La clave residirá en un «esfuerzo intelectual» colectivo, sustentado en concursos internos y esquemas de trabajo colaborativos.
El modelo propuesto en Corrientes, dividido en tres ejes (coordinación estratégica, gestión operativa y planificación con indicadores), busca erradicar las decisiones intuitivas para basarse en evidencia empírica, reduciendo tiempos y costos. En definitiva, ambas iniciativas -la cruzada de la Corte Suprema por depurar la selección de jueces y la reestructuración administrativa del STJ correntino- responden a una misma matriz. Como bien sintetizó el ministro Niz, «el destinatario final de todo esto es la ciudadanía». Ya sea garantizando que quienes lleguen a los estrados sean los más capaces, o asegurando que el engranaje administrativo funcione con celeridad, la Justicia argentina está, obligadamente, frente al inicio de una nueva era. Quedarse en el pasado ya no es una opción.