La muerte de un niño de 4 años en Chubut reabre el debate sobre la protección de menores. La fiscalía investiga denuncias previas contra la madre en provincias del NEA.
La muerte de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, ha generado una profunda conmoción y reabierto el debate sobre los protocolos de protección de menores. La fiscalía a cargo del caso confirmó que la madre biológica, Mariela Altamirano (28), y su pareja son los principales sospechosos.
Según informaron fuentes judiciales, el fiscal Facundo Oribone solicitó informes detallados a las provincias de Corrientes y Misiones, donde Altamirano residió antes de regresar a Chubut. Los reportes indicarían la existencia de denuncias por violencia y la previa quita de la tenencia de otro de sus hijos por maltrato.
Luis López, padre biológico del niño, quien lo crió durante sus primeros cuatro años, expresó su dolor y cuestionó la decisión judicial que, hace tres meses, otorgó la tenencia a la madre. «Yo les dije que le iba a pasar algo con esa mujer. La Justicia priorizó el vínculo biológico por encima de la seguridad de mi hijo», manifestó.
Por su parte, la madrastra del menor, Lorena Andrade, utilizó sus redes sociales para señalar a los organismos de protección. «Recorrimos Defensoría, no nos escuchó Protección de Menores», denunció, alegando que las advertencias de la familia fueron desoídas.
La investigación no solo busca establecer la responsabilidad penal directa en el deceso, sino que también analiza una posible omisión de deberes por parte de funcionarios públicos. El caso reactiva el reclamo por una revisión de los protocolos de vinculación familiar cuando existen antecedentes de violencia.