El Gobierno finalmente sumará a las sesiones extraordinarias el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar el reclamo de las altas casas de estudio. El decreto se publicaría en el Boletín Oficial este lunes. Si bien el reglamento de la Cámara de Diputados establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, en la Casa Rosada se valen de antecedentes de incorporación de proyectos instrumentados por esa vía. Por otro lado, antes de afrontar los problemas que se avecinan en Diputados por la reforma laboral (ver pags. 2 y 3), el oficialismo retomó la idea que había anticipado PERFIL el año pasado: relanzar la reforma electoral para implementar en 2027 con la federalización de la Boleta Única de Papel.
PERFIL también informó la semana pasada que, tras el fallido intento de derogar la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno nacional avanzaba en negociaciones para impulsar una nueva ley que modifique —y no derogue— el esquema actual, con el objetivo de hacerlo financieramente viable y lleve alivio a las universidades públicas. La estrategia oficial, según fuentes del Ejecutivo, apunta a resolver en un solo movimiento la discusión presupuestaria y desactivar los frentes legales y judiciales abiertos, mediante la aprobación en el Congreso de una norma que reemplace a la anterior. El problema es que hay controversias judiciales que podrían derivar en un revés durísimo para el Gobierno si no pega un volantazo antes. Para eso el secretario de Educación Carlos Torrendel y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron con Carlos Greco y Franco Bartolacci, presidente y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La decisión del Ejecutivo tiene lugar tras la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, para frenar la obligatoriedad en la implementar la Ley de Financiamiento Universitario votada en 2024. Luego de la sanción de ambas cámaras, el presidente Javier Milei la vetó, pero finalmente el Congreso ratificó lo tratado. El diputado Maximiliano Ferraro consideró que con el proyecto que ingresaría al Congreso, el oficialismo “reconoce lo que venimos señalando desde el primer día: las universidades necesitan financiamiento adecuado y sostenido. Mientras tanto, hay una ley vigente que debe cumplirse. Fue votada en reiteradas oportunidades y los vetos fueron rechazados. Cumplir la ley no es opcional, es una obligación”. Con respecto a la reforma electoral, el gobierno imagina cambios en tres puntos clave: la suspensión de las PASO, las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, para el año que viene; la modificación de Ley sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos; y la incorporación en la Boleta Única Papel (BUP) de un casillero que habilite a votar la lista completa con una sola marca.