Pasadas las 11, tras alcanzar el quórum necesario, la Cámara de Diputados inició una sesión especial para debatir el nuevo Régimen Penal Juvenil. El oficialismo busca reducir la edad mínima de imputabilidad a 14 años. Si bien anteriormente se intentó fijar el límite en 13 años, debieron modificar la iniciativa al ver que no contaban con los votos necesarios para asegurar la mayoría en el recinto.
Además del cambio en la edad, el proyecto contempla la revisión de las partidas presupuestarias necesarias para implementar la ley y modificaciones en la escala de penas. Entre los puntos clave destaca la reducción de la pena máxima para menores, que pasaría de veinte a quince años de prisión.
Hacia un nuevo marco jurídico
La propuesta busca derogar la Ley 22.278, sancionada en 1980. El régimen vigente establece que no son punibles los menores de 16 ni los menores de 18 años en casos de delitos de acción privada o aquellos con penas menores a dos años. Asimismo, el sistema actual permite que, ante un menor inimputable, el juez disponga de «medidas tutelares», que incluyen la internación en institutos o centros de rehabilitación bajo un régimen de protección.
El caso que reavivó el debate
El impulso de esta reforma cobró fuerza tras el crimen de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe el pasado 18 de diciembre de 2025. El ataque, perpetrado por tres menores, incluyó torturas que fueron filmadas y viralizadas por los propios agresores. Tras el asesinato, los jóvenes simularon una lápida en una baldosa de un parque cercano con la inscripción: “Jere 18/12/2025”. La familia buscó a la víctima durante cuatro días hasta que, el 22 de diciembre, un llamado alertó sobre el hallazgo del cuerpo.
De los tres implicados en el crimen, que habría sido cometido con premeditación y alevosía, solo una joven se encuentra alojada en un hogar de menores, mientras que los otros dos fueron declarados inimputables.
Opiniones en torno al proyecto
Desde el oficialismo se hicieron eco del reclamo de un gran sector de la sociedad e impulsaron el proyecto en el Congreso. En este contexto, la ministra Patricia Bullrich, una de las principales promotoras de la ley, recibió en su despacho a la madre de la víctima, Romina Monzón, y a su abogado para manifestar su respaldo a la familia.
Este debate legislativo coincide con un marcado respaldo en la opinión pública según los datos de la consultora Giacobbe y Asociados. Una encuesta realizada entre enero y febrero arrojó que el 63% de los consultados está a favor de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, mientras que un 9,5% prefiere fijarla en 14 años. Por otro lado, un 20% de los encuestados se manifestó a favor de mantener el límite actual de 16 años y el 6% restante no fijó una posición al respecto.