“Hablando con un secretario general de la CGT, me dijo que al gobierno le faltan cuatro votos y que esos vendrían de los gobernadores peronistas”, afirmó el referente sindical, quien asegura oponerse a la ley. La denuncia deja al descubierto que los principales colaboradores de la ofensiva antiobrera están en las propias filas del peronismo.
Sin embargo, la crítica de Moyano parece selectiva. Mientras llama a un paro, y enfatiza estar contra la ley, evita señalar la complicidad de la cúpula de la CGT, que no preparó un plan de lucha real tras la débil marcha de diciembre y solo convocó a movilizar para este 11 de febrero, día en que se tratará la ley en el Senado.
Recién este lunes, gremios aeronáuticos, ferroviarios y camioneros llamaron a un paro para este miércoles, pero sin impulsar asambleas ni una estrategia para masificar la protesta.
Desde la izquierda, en cambio, se viene organizando una campaña desde fines de diciembre para preparar una movilización masiva. El PTS participa en coordinaciones zonales y apoya luchas testigo como la de Lustramax, al tiempo que impulsa una convocatoria amplia y crítica hacia la conducción de la CGT. Nicolás del Caño denunció: “El gobierno pacta con los gobernadores contra los trabajadores y le hace un guiño a la cúpula de la CGT para que mantenga la caja”. Christian Castillo agregó: “Los que voten esto deben ser declarados enemigos históricos de la clase trabajadora”.
La sesión en el Senado está prevista para este miércoles a las 11 horas, con fuertes protestas convocadas frente al Congreso. La izquierda llama a movilizar desde las 12 h, a extender la protesta con un acto y micrófono abierto a las 18 h, y a impulsar un plan de lucha que incluya un paro general para derrotar una reforma que ataca derechos históricos, facilita despidos y beneficia a bancos y cámaras empresariales.