Como parte del Plan Bandera, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina llevaron adelante una serie de procedimientos que permitieron desarticular redes vinculadas a las bandas de “Los Monos” y “Los Menores”, dos organizaciones que mantienen una disputa territorial en la zona norte y sur de Rosario.
La investigación había comenzado en febrero, cuando la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario detectó varios puntos de venta de droga fraccionada. Con intervención del fiscal Franco Carbone, del Ministerio Público de la Acusación, los agentes identificaron que esos kioscos narco respondían a ambas estructuras criminales, que se alternaban el control de los distintos barrios.
El avance de las tareas de campo incluyó seguimientos, vigilancias fijas, observaciones en zonas de alto movimiento y escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia. Ese trabajo permitió individualizar a los integrantes de las organizaciones y determinar los roles internos dentro de cada grupo, con responsables de acopio, vendedores al menudeo y personas dedicadas a custodiar los búnkeres.
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Con las pruebas reunidas, el Colegio de Jueces de 1° Instancia, a cargo del magistrado Rodrigo Santana, ordenó 28 allanamientos en distintos barrios de Rosario. Los operativos se desplegaron en viviendas ubicadas en calles como Bielsa, Esquiú, Gorriti, Francia, Pedro Lino Funes, Humberto Primo y Schweitzer, entre otras.
El resultado fue inmediato: la PFA detuvo a doce personas —ocho hombres y cuatro mujeres— e identificó a otras 35, que quedaron notificadas de la causa. Además, se secuestraron dosis de cocaína y marihuana listas para la venta, más de 6,6 millones de pesos, 730 dólares, 25 euros, 51 teléfonos celulares, una réplica de revólver, un DVR y documentación de interés investigativo.
Parte de esos domicilios ya había sido allanada por la Policía de Investigaciones de Santa Fe en causas anteriores, lo que confirmó la continuidad del movimiento narco en la zona.
Los detenidos quedaron a disposición del juez interventor por infracción a la Ley 23.737, mientras las autoridades avanzan en la trazabilidad de los fondos y los vínculos entre ambas organizaciones.