El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), responsable de realizar el juicio de Hotesur-Los Sauces resolvió actualizar los embargos sobre Cristina y Máximo Kirchner, que superan los 1.074 millones de pesos. Además, se amplió la medida cautelar sobre la inmobiliaria a 3.013 millones. El criterio aplicado responde a un eventual decomiso en caso de llegar a una condena finalizado el debate.
Conocido como Los Sauces-Hotesur, el expediente investiga una maniobra de lavado de activos en la que, según sostiene la acusación, la inmobiliaria como la firma hotelera de la familia Kirchner nunca tuvieron un giro comercial genuino sino que se utilizaron como “pantallas societarias”, para el reciclado de una porción de los fondos que Lázaro Báez obtenía a través de la obra pública vial, y bajo este esquema a modo de retorno regresaba al patrimonio de la familia Kirchner.
En el caso de la inmobiliaria Los Sauces, se estimaron operaciones por encima de 30 millones de pesos, y con la empresa hotelera Hotesur la justicia cree que se blanquearon unos 80 millones de pesos, valores al año 2015.
Sobre Los Sauces pesaba un embargo de 673 millones de pesos. Respecto a Cristina Kirchner, la medida cautelar ascendía a 110 millones de pesos y en el caso de su hijo, el diputado nacional, a 130 millones de pesos.
Los valores fueron actualizados de cara al inicio del juicio oral y público. Cristina Kirchner no sólo deberá afrontar el decomiso en el caso Vialidad por 537 millones de dólares, sino que la extensión del embargo en Hotesur-Los Sauces expone a cuánto podría ascender una eventual pena en este caso por lavado de dinero.
«Frente a una extensísima posibilidad de formas habitualmente identificadas para este tipo de reciclaje, la técnica que se habría elegido para dar apariencia de legalidad al dinero en ambos procesos fue exactamente la misma (ingresos por préstamos, por rubro hotelero y alquiler de inmuebles)», sostiene la acusación que condujo a Máximo y a Cristina Kirchner a juicio oral.
Además, el requerimiento de elevación argumenta: «desde la lógica de la imputación penal, ambas sociedades, Hotesur y Sauces, fueron adquiridas con idéntico fin: canalizar y reciclar fondos con apariencia de legalidad«.
La acusación vincula a Lázaro Báez como una pieza necesaria para «devolver» a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en otro expediente -Vialidad- cuya sentencia condenatoria contra Cristina, Báez y los demás acusados, fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 10 de junio pasado.
Cristina y Máximo Kirchner se encuentran procesados por asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que una acusación menor le fue otorgada a Florencia Kirchner durante la instrucción de ambas causas: sólo como partícipe de las maniobras investigadas.
A la vicepresidenta le atribuyeron además el delito de dádivas, por tratarse de una funcionaria y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
Entre los imputados que comparten ambas investigaciones se encuentran Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner). El empresario Cristóbal López está acusado y enviado a juicio únicamente en el expedientes de Los Sauces, ya que era el inquilino que mayores ingresos garantizó al a firma de los Kirchner.
A la hora de explicar el motivo de la actualización de los embargos, la jueza federal Adriana Palliotti indicó en su voto: “Es deber del Tribunal disponer de los medios necesarios para asegurar que el monto fijado en calidad de embargo sea suficiente para la ejecución de una eventual pena pecuniaria y para cubrir las costas del proceso conforme”.
En ese sentido, se señaló que la decisión que se adoptará se orienta a “procurar que el embargo preventivo dispuesto por el juez del grado anterior desde hace más de siete años respecto de los aquí imputados continúe cumpliendo una función de garantía, para lo cual resulta indispensable su actualización”.
Junto con el objetivo de garantizar los bienes cautelados, también se persigue con la actualización “contrarrestar los efectos de los procesos inflacionarios y la depreciación monetaria, entiendo que se encuentra habilitada la vía para proceder a la actualización postulada por la Fiscalía, sin perjuicio de disentir en el parámetro propuesto, esto es, la aplicación del “dólar MEP” como factor multiplicador”, explicó la magistrada.
Por su lado, el juez Nicolás Toselli consideró que la forma más correcta de actualizar los montos de los embargos es través de la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Nación.
El fundamento fue que “tiene en mira, entre sus componentes, la retribución al capital, la inflación esperada y algún riesgo de que la entidad no devuelva los fondos. Incluye, por tanto, la pérdida del valor adquisitivo de la moneda debido a procesos inflacionarios”.
Además, amplió el magistrado, “cumple la función de reparar el daño padecido por el acreedor a raíz del retardo del deudor, de modo que la finalidad reparatoria también estaría satisfecha. Por ello, me inclino por ese parámetro para la actualización del monto de los embargos oportunamente impuestos en la instancia anterior”.
El criterio fue avalado por su par José Michilini y se procedió a aplicar dicha fórmula para la actualización de los embargos.
De tal manera que los mismos se fijaron en 582.055.234,48 pesos para Máximo Kirchner y Cristóbal López, sobre quienes se había dictado una cautelar de 130 millones.
En el caso de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, el embargo original era de 110 millones de pesos y ahora asciende para cada uno a 492.508.275,33 pesos.
La actualización también alcanza a la inmobiliaria Los Sauces. Le corresponde el embargo más elevado: de 673 millones de pesos pasó a 3.013.255.175,40 pesos.
En el caso de las fiirmas Valle Mitre, Loscalzos y del Curto y Kank & Costilla, la cifra del embargo pasó de 237 millones a 1.061.131.465,93 pesos.
Las tres compañías pertenecen a Lázaro Báez. La primera de ellas se utilizó para la explotación y administración de Hotesur (la firma hotelera) y las otras dos, son constructoras que se convirtieron en inquilinas de Los Sauces SA a la vez, que construyeron inmuebles que pertenecen a la inmobiliaria.