La segunda mitad del año judicial arranca con contundentes definiciones en las causas que involucran a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández. La exvicepresidenta llegó al mes y medio de arresto domiciliario en la causa “Vialidad” y si bien logró mantener el departamento de la Calle San José 1111 como el lugar para cumplir la pena de 6 años, mira con mucha atención lo que se viene en el calendario.
En 12 días vence el plazo para que CFK y el resto de los condenados en ese expediente formalicen el pago de $ 684.990.350.139,86 en concepto de la defraudación al Estado, tras la intimación del Tribunal Oral Federal N° 2. El pago debe ser acordado por todos los condenados, es decir, no hay un monto o porcentaje específico para cada uno.
En caso de que ninguno deposite o transfiera cifra alguna, el tribunal procederá al remate de los bienes embargados de todos. El que tiene más chances de cubrir la mayor parte de la suma es Lázaro Báez, cuyo patrimonio en 2021 se actualizó a US$ 205 millones.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Los bienes del empresario santacruceño apuntan a ser motivo de disputa no solo del Tribunal Oral N° 2, sino también del Tribunal Oral N° 4 donde fue condenado por lavado en la causa “Ruta del Dinero” y del Tribunal Oral N° 5 quien tiene pendiente de fijar fecha para el juicio “Hotesur-Los Sauces”, donde también está acusado del mismo delito junto a Cristina y otros. En el medio, la Corte tiene que resolver un conflicto entre este último tribunal con un Juzgado Comercial de Buenos Aires por la quiebra de Austral Construcciones, que está subastando maquinaria pesada de la firma para pagar a acreedores.
Por otra parte, Fernández de Kirchner enfrenta otra demanda en el fuero civil vinculada a la causa “Vialidad” donde se reclama que abone $ 22.300 millones en concepto del perjuicio que generó al Estado las obras adjudicadas y pagadas a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz y que jamás se concretaron.
En el medio, se aguarda por la definición en manos de la Cámara Nacional Electoral de su derecho al sufragio, luego que el fiscal de Río Gallegos, Julio Zárate, presentara un recurso de queja tras la decisión de la Justicia Federal de esa provincia de mantenerla dentro del padrón electoral.
El 13 de agosto, día que vence el plazo para el pago de la defraudación en “Vialidad”, la querella que representa a Cristina Kirchner abrirá la ronda de alegatos en el juicio por el atentado en su contra ocurrido el 1° de septiembre de 2022. Los abogados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira expondrán ante el Tribunal Oral Federal N° 6 toda la prueba producida a lo largo de más de un año de debate. La expectativa se centra en los pedidos de condena que se realizan sobre Fernando Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Brenda Uliarte.
Finalmente, Cristina aguarda la fecha del inicio para el debate “Hotesur-Los Sauces”, la exvicepresidenta volverá a sentarse en el banquillo de los acusados desde el próximo 6 de noviembre para enfrentar el juicio de la llamada “causa de los cuadernos”. El debate promete ser extenso dada la numerosa cantidad de acusados, entre los que se encuentran empresarios de la construcción y exfuncionarios del Ministerio de Planificación, con Julio de Vido y José López a la cabeza. Previamente, el Tribunal Oral N° 7 llevará adelante una audiencia preliminar el 24 de septiembre para fijar pautas de organización del proceso.
Por su parte, Alberto Fernández pelea por revertir su procesamiento en “Nación Seguros”. La Sala II de la Cámara Federal Porteña tiene en análisis la apelación del fallo del juez Sebastián Casanello, donde además le trabó un millonario embargo. El expresidente señaló que el magistrado ya tenía la decisión previamente tomada y que no lo indagó por la imputación que le hizo.
La reanudación de la actividad judicial traerá una importante decisión en la causa donde Alberto está procesado por lesiones y violencia de género sobre la exprimera dama Fabiola Yañez.
El juez Julián Ercolini quedó en condiciones de formalizar el requerimiento de elevación del expediente a juicio oral tras rechazar diversos planteos del antiguo mandatario donde buscaba dilatar el proceso.