Jesús Terán, de 35 años, acudió a una revisión migratoria el pasado 8 de julio en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Pittsburgh, Pensilvania. Ese mismo día fue detenido por agentes federales y trasladado a un centro de detención a más de tres horas de su lugar de residencia.
De acuerdo con Observer Reporter, Terán, quien llegó a Estados Unidos en 2021 mediante la solicitud de asilo, vive con su esposa y dos hijos en la comunidad de Imperial. Es ingeniero civil de formación, pero trabaja como carpintero afiliado a un sindicato local. No tiene antecedentes penales y cumplió puntualmente con sus compromisos migratorios desde su llegada al país norteamericano.
Sin embargo, su arresto evidenció una práctica cada vez más común en edificios vinculados al sistema judicial o migratorio, donde las autoridades federales aprovechan citas rutinarias o audiencias para detener a personas en proceso legal.
La detención de Terán se enmarca en una estrategia más amplia implementada en los últimos años, especialmente durante la administración del presidente Donald Trump, en la cual edificios judiciales, oficinas de inmigración y otros espacios públicos se han convertido en puntos clave para realizar operativos de detención.
En el caso de Terán, tras ser arrestado en Pittsburgh, fue llevado primero a la Cárcel Regional del Norte en Virginia Occidental y posteriormente al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, un lugar privado operado por GEO Group en Phillipsburg, donde continúa bajo custodia.
La respuesta al arresto no se hizo esperar. La parroquia católica San Oscar Romero, a la cual pertenece la familia Terán, inició una serie de acciones para respaldarlos. Según detallaron al medio estadounidense, además de brindar asistencia emocional y espiritual y generó campañas de recaudación de fondos para cubrir gastos básicos y legales.
“Ha sido una experiencia desgarradora. Lleva más de cuatro años con asistencia perfecta a sus citas con el ICE y sigue los protocolos de la agencia al cumplir con todo lo que debía hacer, y de repente, lo detuvieron”, expresó el reverendo Jay Donahue en una entrevista con Observer Reporter.
Según Donahue, la familia se vio profundamente afectada por la separación y por la incertidumbre sobre el futuro inmediato. El domingo siguiente al arresto, la iglesia celebró una bendición comunitaria en un jardín vecinal, donde Terán había trabajado semanas antes. La actividad sirvió como acto simbólico de unidad en torno al caso.
Terán fue descrito como “el vecino que todos querrían” según las declaraciones de Chris McAneny, director de vivienda de la organización sin fines de lucro Wellness Collective y quien dirigió la instalación del jardín vecinal. “Estaba construyendo una vida para él y su familia. Contribuyó a su comunidad y es muy respetado en ella”, dijo al medio estadounidense.
Más de 20 cartas de apoyo han sido enviadas a las autoridades migratorias por parte de líderes religiosos, representantes sindicales y ciudadanos que conocen a Terán. También se presentó una orden judicial para solicitar su liberación inmediata.
“Estamos a la espera. No sabemos dónde acabará, y es difícil entender qué se espera de él allí”, manifestó Donahue. “Jesús no es alguien que deba ser sometido a esta experiencia indigna que está viviendo. Es una pena cómo lo están tratando, es inhumano”, agregó.
Los Caballeros de Colón, grupo parroquial del que Terán forma parte, lanzaron una campaña en la plataforma GoFundMe para asistir económicamente a su esposa, Liseth Carvajal, y a sus hijos Kamila y Lukas, quienes dependen ahora de donaciones para afrontar los gastos cotidianos.
Tras su arresto, el venezolano no pudo recibir visitas. Su única forma de comunicarse con su familia ha sido a través de llamadas telefónicas diarias, que deben ser financiadas por allegados y voluntarios. Las condiciones en el centro de detención también han sido motivo de preocupación, ya que comparte espacio con cerca de 80 personas, según especificó Carvajal.
Pese a las limitaciones, la iglesia fue un punto de encuentro para la familia y los vecinos. Según Kamila, la hija mayor de Terán, el apoyo recibido les permitió sobrellevar la situación. “Fue difícil, pero la comunidad nos dio mucha fuerza. Nos sentimos muy apoyados”, expresó.
La comunidad que rodea al venezolano detenido insiste en que su permanencia en el país norteamericano no solo es legalmente defendible, sino socialmente deseable. Según relataron, pagaba impuestos, contribuía con trabajo voluntario, mantenía a su familia y se integraba activamente en la vida del vecindario.