Lacalle mintió: hay más vínculos laborales con el Estado que en el 2019

Durante la campaña de 2019, el equipo económico de Luis Lacalle Pou prometía una transformación: achicar el Estado para aliviar el gasto público y liberar recursos para dinamizar la economía. En el centro de esa promesa estaba una cifra concreta: US$ 100 millones de ahorro anual si no se reponían unas 5.500 vacantes del sector público. Lo decía con convicción Azucena Arbeleche, entonces asesora estrella, luego ministra de Economía. Pero los números oficiales de 2024 revelan otra cosa.

Según los datos entregados esta semana al Parlamento por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), el Estado uruguayo terminó 2024 con más vínculos laborales que en 2019: 313.796 en total, 918 más que cuando comenzó el actual gobierno. De esos, 300.893 son funcionarios públicos y otros 12.903 están contratados como arrendamientos de servicio, pasantes o becarios, es decir, personas que no tienen estatus de funcionarios, pero cuyos sueldos también paga el Estado.

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Lejos de concretarse, el anunciado “shock de austeridad” quedó en pausa o, peor aún, se convirtió en ficción. Entre 2023 y 2024, ambas categorías de empleo público aumentaron. Y si se comparan los datos con los de 2019, el saldo es claro: el leve descenso en la cantidad de funcionarios (561 menos) fue superado con creces por el aumento en los contratados (1.479 más).

El resultado neto es un Estado más grande, aunque con nuevas formas de vinculación que muchas veces no responden a criterios de eficiencia sino a la necesidad política de cubrir cargos sin enfrentar los costos gremiales o legales que implicaría una reforma más frontal.

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Esto plantea una pregunta incómoda: ¿por qué un gobierno que llegó con la bandera de la austeridad no logró siquiera frenar el crecimiento del aparato estatal?

Parte de la respuesta está en la cultura política del país, donde el empleo público sigue siendo visto como un derecho adquirido y donde recortar cargos implica conflictos con sindicatos fuertes y estructuras clientelares enquistadas desde hace décadas. Pero también hay una responsabilidad política. La voluntad de reformar no puede quedar solo en el discurso, y los números muestran que, más allá de las buenas intenciones, no hubo coraje suficiente para hacer lo necesario.

Si el Estado sigue creciendo, la carga para los contribuyentes también. Y mientras se mantenga esta lógica, cualquier intento de modernizar la economía chocará contra la misma piedra: un Estado costoso, ineficiente y reacio al cambio.

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