La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por violencia de género hacia la ex primera dama Fabiola Yañez, en una decisión que lo dejó en condiciones de ser enviado a juicio oral.
La determinación fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones y contó con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, en tanto Roberto Boico lo hizo en disidencia.
Fernández quedó con procesamiento confirmado por «lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas».
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También se confirmó un embargo de 10.000.000 de pesos sobre los bienes del ex mandatario y se desestimaron los planteos de nulidad promovidos por su defensa. «Es probable que los delitos se hayan cometido del modo en que fueron descriptos por las partes acusadoras», afirmó el juez Martín Irurzun en la resolución, de 82 carillas.
Los detalles de la resolución
Los hechos «sucedieron en un ámbito muy especial (la Quinta Presidencial de Olivos), fuertemente custodiado por funcionarios federales bajo el mando de Fernández», advirtió Irurzun. «Se ha establecido que, forzada por la naturaleza de su relación, la víctima tuvo que practicar una suerte de reclusión en un espacio para huéspedes de la residencia. También, que tenía un alto grado de aislamiento -fue auxiliada por familiares directas que declararon en la causa-. Valorar en su justa dimensión este contexto es fundamental», concluyó al confirmar el procesamiento.
Yañez «era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario», agrega la sentencia. En un contexto así, «por imperio del sentido común más básico, es razonable presumir que, en ese momento, no guió a sus acciones otra finalidad que pedir algún modo de auxilio sobre una situación que, efectivamente, había pasado, estaba pasando y, evidentemente, seguiría pasando», advirtió el juez.
La Cámara confirmó lo que había resuelto el juez federal Julián Ercolini con intervención de la fiscalía de Ramiro González. En disidencia, el camarista Boico votó en minoría por dictar la falta de mérito y pedir una profundización de la pesquisa.
Otras causas donde Alberto Fernández está involucrado
El juez federal Sebastián Casanello reimplantó la inhibición general de bienes al expresidente y otro medio centenar de personas físicas y jurídicas en el marco de la investigación del caso Seguros. El magistrado asumió la subrogancia del Juzgado Federal 11, donde se lleva el caso y todavía está pendiente de resolución la situación procesal de Fernández y el resto de los acusados, que ya fueron indagados en la causa que investiga presuntos delitos en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante su gobierno.
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El juez reimplantó la inhibición general de bienes a todos los imputados que se había dispuesto al inicio del caso pero luego había revocado la Cámara Federal porteña. En la decisión en la que se dispuso volver a inhibir bienes, el juez entendió que hay estado de sospecha suficiente ya que fueron indagados al disponer la medida sobre cuentas corrientes y cajas de ahorro de los involucrados.
La medida también alcanza a plazos fijos y otras inversiones de personas físicas o jurídicas, además de cajas de seguridad. La decisión se tomó porque todos ya prestaron declaración indagatoria en el caso «por un hecho de criminalidad económica -particularmente corrupción-, y en base a las consideraciones allí realizadas sobre la prueba de cargo, hay motivo bastante para sospechar que han participado en la comisión de un delito», fundamentó el juez.
Por ello es necesario reimplantar la inhibición para asegurar la «eficacia del juicio» y ante «un temor grave y fundado – derivado de circunstancias objetivas– de que merced al lapso que demande la tramitación del proceso, se pueda frustrar el cumplimiento de la sentencia».
La medida abarca al expresidente Fernández, al broker investigado como beneficiario de las maniobras Héctor Martínez Sosa, y a la esposa de éste y ex secretaria privada del ex mandatario María Cantero, entre otros. Todos ya fueron indagados por el juez federal Julián Ercolini, quien subrogó el juzgado federal 11 hasta febrero último, cuando resultó sorteado Casanello, quien ahora debe resolver situaciones procesales.
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En otro orden, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir y profundizar la investigación para determinar si hubo delito en las negociaciones por la compra de la vacuna Pfizer en la pandemia de COVID-19, durante el gobierno de Fernández.
La Sala I del Tribunal de Apelaciones revocó el archivo de la causa al hacer lugar a la apelación del fiscal del caso Carlos Stornelli porque «aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer», según la resolución.
Los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia revocaron una decisión del 30 de diciembre pasado en la cual se archivó la denuncia por «inexistencia de delito». La investigación deberá seguir para analizar cómo ocurrieron los hechos «sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios».
«En particular se advierte que la investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación», afirmaron los camaristas.
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La ausencia de avance en este sentido «impide efectuar un análisis respecto a los supuestos ilícitos que abarcan el objeto procesal», advirtieron y la ausencia probatoria «imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer, situación que se incluye en la hipótesis criminal» denunciada. Se trata de una denuncia presentada por los entonces diputados nacionales Omar de Marchi, Waldo Wolff, Álvaro de Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Jorge Enríquez y Federico Zamarbide, para que se investiguen los motivos por los cuales la República Argentina no habría logrado contar en debido tiempo con las vacunas contra el COVID-19.
En la presentación, cuestionaron los motivos por los cuales no se habría firmado un acuerdo con el laboratorio Pfizer para la provisión de las vacunas, mientras que el gobierno habría dispensado un trato preferente a otros laboratorios que fueron privilegiados con su contratación, según la denuncia. El Tribunal de Apelaciones evaluó que es necesario profundizar la investigación » para arribar a la verdad de los eventos». Por todo ello se consideró «prematuro» el archivo de la denuncia y se lo revocó.
Gi