El pasado miércoles, García Ortiz compareció ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos y negó haber filtrado los correos secretos del novio de Ayuso: “Ni al Gobierno ni al PSOE”. En la misma cita, García Ortiz se negó a responder a las preguntas del juez instructor y de la acusación particular, limitándose a contestar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Además, criticó la instrucción del juez Ángel Hurtado, alegando que vulneró sus derechos fundamentales —artículos 18 y 24 de la Constitución—, y cuestionó la legalidad del registro realizado en su despacho.
A raíz de esto, la propia Fiscalía se encuentra dividida sobre su permanencia en el cargo. Trece de los 35 miembros de la Junta de Fiscales de Sala —un tercio de la cúpula fiscal— han presentado un escrito en el que piden formalmente a García Ortiz que dimita del cargo de fiscal general. Consideran que su continuidad provoca un “insostenible desprestigio” y que su renuncia permitiría una defensa más apropiada de su caso sin comprometer a la institución.
Por otro lado, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), donde García Ortiz ocupó la presidencia y portavocía años atrás, ha defendido la presunción de inocencia de García Ortiz y ha calificado la petición de dimisión como “inoportuna” y ”no representativa” de la opinión general de la carrera fiscal. La UPF sostiene que la investigación en curso debe desarrollarse con las debidas garantías procesales y sin interferencias externas.
La investigación se centra en la supuesta filtración de un correo electrónico relacionado con una investigación por fraude fiscal que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El correo en cuestión contenía información confidencial en el que el abogado de González Amador reconocía dos delitos fiscales ante la fiscalía de asuntos económicos.
A pesar de las presiones, García Ortiz ha manifestado su intención de continuar en el cargo mientras se desarrolla la investigación. El Tribunal Supremo, por su parte, ha decidido mantenerlo en su posición, desestimando un recurso que solicitaba su destitución por supuesta falta de idoneidad. La investigación sigue su curso, y se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
Álvaro García Ortiz, nacido en Lumbrales, Salamanca, en 1967, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid e ingresó en la carrera fiscal en 1998, siendo destinado inicialmente a la Fiscalía de Mahón, en Menorca. En 2002, fue trasladado a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela, donde en 2004 asumió el cargo de fiscal especialista en medio ambiente en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
El nombre de García Ortiz saltó a la primera línea cuando fue encargado de liderar la acusación pública (en nombre del Ministerio Fiscal) en el caso Prestige en 2002, sobre el hundimiento del petrolero frente a las costas gallegas que ha sido uno de los mayores desastres ecológicos ocurridos en el país.
En 2020, la entonces fiscal general Dolores Delgado lo nombró fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y desde entonces García Ortiz ejerció como guardia pretoriana de su jefa del Ministerio Público. Tras la renuncia de Dolores Delgado por motivos de salud en agosto de 2022, García Ortiz fue designado fiscal general del Estado.