(Pablo Roma, Gremiales) – El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, ha oficializado la Resolución 1/25, que establece el traspaso directo de los aportes de los trabajadores a las empresas de medicina prepaga, eliminando la intermediación de las obras sociales. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha manifestado su preocupación ante el impacto de la medida y ha convocado a una reunión de su Mesa Chica ampliada para el próximo lunes.
El Gobierno ha dispuesto un plazo de 60 días para que los afiliados expresen su “Voluntad de Permanencia en Obra Social”, permitiendo que quienes lo deseen puedan mantener el esquema anterior. Antes de la resolución, el trámite era obligatorio para aquellos que querían abandonar la intermediación, mientras que ahora se invierte el criterio.
La resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial establece que, salvo que el afiliado exprese lo contrario, los aportes y contribuciones irán directamente a la prepaga contratada por el trabajador. Desde el Gobierno, justificaron la medida asegurando que pone fin a un sistema de intermediación que beneficiaba a “la casta” y que representaba un negocio millonario.
El actual esquema de triangulación, que involucra a más de 1.350.000 afiliados, permitía que las obras sociales retuvieran entre el 3% y el 10% de los aportes de los trabajadores al derivar los fondos hacia las prepagas. Según estimaciones oficiales, este sistema generaba una intermediación de aproximadamente $30.000 millones mensuales, lo que implicaba un movimiento anual de alrededor de $3 billones.
Desde la CGT advierten que la medida podría afectar gravemente la estructura financiera de muchas obras sociales gremiales, especialmente aquellas que dependen en gran medida de la intermediación con prepagas y que no cuentan con infraestructura propia para prestar servicios de salud.
En ese sentido, el traspaso directo de aportes podría generar una crisis en el sistema de salud sindical, debilitando su capacidad de atención y poniendo en riesgo la sustentabilidad de las entidades más pequeñas. Además, se teme que los trabajadores con menores ingresos pierdan acceso a planes de salud de calidad, ya que hasta ahora podían ingresar a prepagas a través de convenios con las obras sociales.
La reunión de la CGT del próximo lunes será clave para definir la estrategia de los sindicatos frente a la nueva normativa. En un contexto de creciente tensión con el Gobierno de Javier Milei, el movimiento obrero podría adoptar una postura crítica y no se descartan medidas de acción directa si consideran que la medida atenta contra la estructura del sistema de salud sindical.
Mientras tanto, los gremios analizan el alcance real de la resolución y el impacto que podría tener en el futuro de las obras sociales, un pilar histórico de la protección sanitaria de los trabajadores argentinos.