El Gobierno modificó el sistema antidumping reduciendo el plazo de la protección, como principal medida, y enviando una clara señal al sector industrial: como receta contra la inflación, una vez más amenaza con abrir el mercado a la competencia importadora, sin mayor análisis. Los empresarios locales advierten que se elimina así una protección contra la invasión de productos de China, cuyo Estado, inversamente, subsidia la exportación. Y los especialistas abren pronósticos sobre el cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo, aspectos que deberían ser ponderados en la visión estatal, como ocurre en todos los países del mundo. Las medidas antidumping son autorizadas y monitoreadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), una entidad que está lejos de ser «comunista».
Las modificaciones antidumping se introdujeron por decreto y facilitarán la entrada de importaciones, básicamente acortando el plazo de vigencia de las disposiciones de protección a la industria nacional de un máximo de 5 años con renovaciones ilimitadas, hasta ahora vigentes, a una de 3 años con una única posibilidad de extensión por 2 años más.
Además redujo el plazo normativo para presentar las investigaciones por dumping de 12 a 8 meses y eliminó la bifurcación del trámite en dos dependencias del Estado. Los especialistas consultados por Página/12 analizan una medida que amenaza a la industria local y constituye una señal hacia el empresariado interno: importar será más fácil que producir.
Según empresarios consultados por Página/12, el antidumping es básicamente una protección contra China, que «a nivel local explica el 50 por ciento de los expedientes por dumping y a nivel global un 33 por ciento”. Se refieren al caso de los pequeños electrodomésticos y la destrucción de la competencia, porque el Estado chino subsidia a las empresas que exportan, y más aun a las que implican mano de obra intensiva.
“Antes del dumping en ventiladores, por ejemplo, el 90 por ciento del mercado eran productos importados y 10 por ciento nacional, luego los porcentajes se invirtieron”, explican. Otros equipos como aires acondicionados, multiprocesadoras, estufas, pavas eléctricas y radiadores están protegidos contra el dumping hoy; se trata de producciones mano de obra intensivas. El riesgo de los cambios introducidos cae directamente sobre el empleo y la producción local.
La decisión del Gobierno, cuyo encargado de difusión fue el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger en un controversial posteo, resulta curiosa a días de haberse difundido un documento de las distintas cámaras del acero donde pedían reducir impuestos para “nivelar la cancha” con la competencia extranjera. El Gobierno parece responder mostrándose más duro con los industriales, enviando la señal de que se usará menos el control antidumping. La política también puede leerse como una apuesta a equilibrar precios, aunque esto siembre más dudas que certezas.
Cómo funcionan las medidas
Las medidas antidumping son difíciles de conseguir porque el procedimiento es muy engorroso. No se trata de la denuncia de una sola empresa, sino que debe demostrarse afectado al menos el 25 por ciento de la oferta de mercado. Luego de reunir esa cantidad representativa de firmas, se abre una investigación que debe seguir las reglas estrictas de la OMC, primero para demostrar el dumping (es decir, que las importaciones se están vendiendo por debajo del precio de origen, porque la exportadora recibe algún subsidio estatal, por ejemplo) y luego el daño. Además, llevar adelante el trámite supone pagar honorarios altísimos a estudios de abogados para que demuestren la causalidad.
“Lograr las sanciones antidumping podía tomar de dos a tres años de trabajo bastante intenso”, aclara Mariano Kestelboim, ex representante permanente de la Argentina para el Mercosur. Para Ramiro Bertoni, ex presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), es un cambio favorable “porque las empresas interesadas deberán reunir la información más rápido”. Otro cambio que evalúa positivamente es la unificación del trámite en la CNCE: antes el daño se mostraba en la CNCE y esta evaluación reunía un carácter más técnico, mientras la demostración del dumping se cursaba en la Secretaría de Comercio, donde se suponía que se canalizaba el lobby empresario.
«Este esquema imitaba al de Estados Unidos, pero en Argentina nunca funcionó y más bien provocó descoordinación y mayores usos de recursos, porque se armaban dos expedientes por causa”, asegura.
Algunos especialistas le bajaron el tono a la decisión del Gobierno, la evalúan como una señal enviada a los mercados respecto del seguimiento de los precios, pero no ven que las medidas antidumping vayan a caer «de la noche a la mañana».
Para Kestelboim, en cambio, la medida es “incomprensible”, porque supone auto-inflingirse una pérdida de grados de libertad para la política económica. “Pudiendo renovar las medidas de antidumping cada vez que lo decidiera el Gobierno, ahora se autoimpone un límite de 5 años, no se entiende muy bien por qué”.
Sin vuelta atrás
Para el oficialismo, si la medida caduca no se crean “derechos adquiridos” en ciertos mercados protegidos de la competencia, algo que sencillamente podía evitarse mejorando la calidad de las revisiones. Por lo general, las medidas antidumping no se apelan, ya que implica un papelerío engorroso que las empresas extranjeras desisten en presentar, “y lo mismo ocurre las empresas argentinas acusadas en el exterior”, sostiene Bertoni. Los países más grandes apelan más, cuando se ve afectado el interés de alguna gran corporación.
“Pero hay pocos acuerdos antidumping en Argentina que hayan durado mucho tiempo –sigue Bertoni-, un caso es el de las bicicletas que tiene casi 20 años y otro el del calzado, que data de 2009”, aunque tampoco descartó que haya abusos en el sistema, al igual que ocurre en otros países del mundo: Estados Unidos, la Unión Europea y más recientemente China e India son los que más medidas antidumping tienen presentadas ante la OMC.
Para Bertoni, “el dumping representa entre el 1,5 y 3 por ciento de las importaciones totales, es decir que los cambios en los precios serán marginales, más allá de algunos sectores puntuales donde se afectará la producción y el empleo. La señal que envía el Gobierno no es la eliminación del dumping sino que lo aplicará a cuentagotas, como sucedió en la década del 90”.
Otra decisión que podría tomar el Gobierno es aplicar dumping como “protección del interés público”. En los 90, con el glifosato se había comprobado tanto el daño, como el dumping y la causalidad. Aun así, no se aprobó el dumping.