En rechazo a la campaña de ataques permanente contra los derechos sexuales y reproductivos, que impulsan el gobierno nacional y sectores antiderechos, los diputados del Frente de Izquierda rechazaron en el Congreso Nacional la decisión de la secretaría de Educación de la Nación de suspender contenidos públicos referidos a Educación Sexual Integral del sitio web Educ.Ar. Días atrás, con un proyecto de declaración, repudiaron también la decisión del gobierno porteño, de contenido similar, que suspendió y puso en “revisión” los materiales que se publican en el sitio del gobierno de la Ciudad.
La eliminación de casi un centenar de recursos audiovisuales del sitio que depende del Ejecutivo nacional, así como la eliminación de contenidos sobre ESI del sitio web que depende del Ejecutivo porteño, despertaron un enorme repudio. En el caso porteño, la legisladora Andrea D’Atri y referentes feministas interpelaron al Jefe de la Ciudad, Jorge Macri. En el caso del ataque a la ESI a nivel nacional, los diputados de la izquierda denunciaron que la eliminación de contenidos abarca materiales tales como la canción «Hay secretos», del grupo Canticuénticos, que invita a las infancias a contar y denunciar situaciones dolorosas; cuentos de María Elena Walsh; videos sobre familias diversas, sobre la historia del pintor Antonio Berni, la cuestión del grooming o acoso a niñeces y jóvenes con tecnología de transmisión de datos, la prevención del VIH-sida y distintos métodos anticonceptivos.
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Recordemos que a pedido del subsecretario de Políticas e Innovación Educativa, Alfredo Domingo Vota, y del titular de la cartera educativa, Carlos Horacio Torrendell, los contenidos se eliminan bajo la absurda justificación de «un alto contenido de ideología de género” que promovería “el adoctrinamiento en las aulas”. Argumenta para eso que la información publicada en el sitio oficial contradice lo establecido por el arbitrario decreto 1086/2024, firmado por el presidente Javier Milei y la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.
Como advierte el proyecto de la izquierda, el ministerio de Educación desconoce la responsabilidad principal de la docencia sobre los contenidos educativos así como las trayectorias y necesidades de las infancias y avanza en su cruzada contra los derechos de las niñeces, de la juventud, de las mujeres y de la diversidad sexual, contra quienes trabajan estos temas y por decantación contra cualquier otra expresión que vaya en ese sentido.
Como planteamos en el proyecto que ingresó este viernes en la Cámara baja, la Ley N° 26.150 se posiciona desde una perspectiva integral de la Educación Sexual, constantemente amenazada por las cúpulas clericales, los gobiernos de turno y las ideologías más reaccionarias. Sin embargo, el uso que se hace de las definiciones del articulado de la ley nacional, más precisamente del artículo 5 -sobre el que hemos propuesto definiciones alternativas para impedir la injerencia de la ideología religiosa en esos contenidos-, va en el sentido de fortalecer la política del oficialismo nacional, de desarmarla y dejarla librada al «ideario de cada institución».
Sin embargo la ESI, tan cuestionada por la gestión actual, ha demostrado ser una herramienta fundamental para combatir estereotipos de género, para proponer otras formas de masculinidad, para cuestionar las distintas expresiones de violencia de género, y también para prevenir y detectar el abuso sexual infantil, cuya denuncia el gobierno también busca desalentar con proyectos como el de la senadora Carolina Losada, que obtuvo en 2024 un dictamen favorable en la Cámara Alta.
Según un estudio del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires, entre el 70 y el 80 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que pasaron por la Sala de Entrevistas Especializada del organismo pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de Educación Sexual Integral.
Ninguna revisión de estos contenidos amerita la supresión del derecho al acceso a esta información. Además, de ser necesaria para la actualización de los contenidos, ameritaría la convocatoria a especialistas, trabajadores docentes, de la salud, estudiantes y de la comunidad, con interés en el intercambio para consensuar su elaboración, sin interrumpir el acceso a los existentes hasta el momento, como bien plantea el proyecto del FIT.
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