En la ciudad de Machala, al sur del litoral ecuatoriano, resuena un clamor por justicia. Cristina (nombre protegido), una psicóloga de 36 años, y su hija S., de tan solo 9 años, enfrentan una batalla titánica contra la impunidad en un caso que refleja las fallas más profundas del sistema judicial ecuatoriano.
La indefensión que sienten ha llevado a Cristina a difundir públicamente cómo su nena fue violada, reiteradamente, por un hermanastro de 20 años con conocimiento del padre de la menor.
El caso ha sido difundido ampliamente en medios de comunicación ecuatorianos y más recientemente se viralizó en X, tras la publicación de un hilo de David Revelo, un usuario que recoge casos de crímenes. Para la reconstrucción del caso y para conocer las irregularidades, Infobae conversó con Cristina y con su abogado Carlos Medina.
Cristina conoció a Patricio, el padre de la niña, en 2014. Lo que comenzó como una relación aparentemente normal pronto se convirtió en un ciclo de control y agresión. Durante años, soportó violencia física y psicológica, hasta que en 2017 una brutal golpiza la llevó a denunciarlo por intento de asesinato.
Aunque las autoridades emitieron una boleta de auxilio y Patricio fue detenido brevemente, la protección fue insuficiente. En 2020, tras la muerte de la abuela materna de S., Patricio logró obtener la custodia de la niña.
Lo que sucedió después marcó el inicio de un infierno. Durante el tiempo que S. vivió bajo la custodia de su padre, fue víctima de abuso sexual y violación sistemática por parte de su hermanastro Andrés, un joven de 20 años.
Según el testimonio de S. en cámara de Gessel, los ataques ocurrieron con el conocimiento y la complicidad de los adultos de la casa, quienes eligieron el silencio como respuesta.
En 2022, Cristina logró recuperar a su hija tras notar señales alarmantes: tristeza constante, temor hacia su padre y confesiones escritas que relataban insultos y maltratos.
Fue entonces cuando decidió presentar una denuncia por violencia psicológica contra Patricio. Durante las investigaciones, S. reveló los detalles de las violaciones, respaldados por exámenes médicos legales que confirmaron los abusos.
Sin embargo, el tratamiento del caso por parte de la Fiscalía ha sido profundamente irregular, de acuerdo con la defensa de las víctimas. Según Medina, desde el inicio hubo negligencia y corrupción: “El testimonio anticipado de la niña, una prueba crucial en casos de abuso sexual, fue interrumpido bajo el pretexto de que no era relevante para la investigación de violencia psicológica”, explicó Medina a Infobae.
La causa pasó por tres fiscales en diferentes ciudades, pero ninguno avanzó con la formulación de cargos pese a las pruebas contundentes.
El caso de S. no es único. Según Medina, solo cuatro de cada cien casos de violación en Ecuador alcanzan una sentencia, y no siempre condenatoria: “Hay un patrón de corrupción sistémica que incluye a fiscales, médicos y psicólogos del sector público, quienes han actuado de manera funcional al agresor”, denunció el abogado.
El poder y las conexiones del entorno del presunto violador también han influido en la demora de la justicia. Andrés es hijo de un militar de alto rango, lo que, según Medina, podría explicar la inacción de las autoridades. La familia del agresor cuenta además con recursos económicos y vínculos locales que han entorpecido el proceso.
En noviembre de 2024, en un acto de desesperación, Cristina se extrajo sangre frente a la Fiscalía General del Estado en Quito para luego utilizarla como tinta para escribir una leyenda como una forma de exigir justicia.
Aunque la medida atrajo atención pública, las instituciones han respondido con lentitud. Incluso las medidas de protección que tenía S. (pues a Cristina nunca se le ofreció custodia policial) fueron retiradas el pasado 15 de noviembre, dejándolas expuestas.
Cristina vive aterrorizada. Ha recibido amenazas de muerte y mensajes intimidatorios que le exigen abandonar el caso y dejar de hablar con los medios. Infobae accedió a algunas de esas amenazas.
En un mensaje se le amedrenta para que borre una publicación en redes sociales: “Agradece que vas a ver crecer a esa hp (…) Malparida tienes hasta hoy para que elimines eso” (sic.). También en un audio, grabado con una voz robótica, insultan a Cristina y le dicen que “se van a encargar” de ella. Otros mensajes que ha recibido tienen amenazas más explícitas como que la harán “picadillo”.
Estos acosos y la falta de protección le ha impedido trabajar, sumiéndola en una situación económica precaria. Mientras tanto, S. enfrenta secuelas emocionales y cognitivas que afectan su vida diaria y su rendimiento escolar.
A través del Ministerio de Inclusión se obtuvo una beca parcial para que la nena estudie en una escuela privada, pero la falta de empleo de Cristina impide que pueda cubrir con la parte de la pensión que le corresponde.
El 5 de diciembre, en la cuenta de X donde Cristina comparte su caso, se informó que la niña ya no gozaría de ese descuento y que sería trasladada a una escuela pública.
El caso ahora está en manos de un fiscal provincial, lo que genera un leve rayo de esperanza. Además, se evalúa la posibilidad de llevarlo a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, Medina insiste en que esto no debería ser necesario: “El sistema judicial ecuatoriano tiene todos los elementos para actuar y garantizar justicia, pero ha fallado de manera sistemática”.
La historia de Cristina y S. es un reflejo de la desprotección que enfrentan miles de niños y mujeres en Ecuador. A pesar del abandono institucional, Cristina no se rinde. Su lucha no solo busca justicia para su hija, sino también visibilizar las fallas estructurales que perpetúan la impunidad.