(Corresponsalía Buenos Aires) – El gobierno de Javier Milei y su “revolución libertaria” parecen tener un enemigo claro: los jubilados y pensionados, las personas mayores que dieron su vida trabajando y construyendo este país. El veto a la Ley de Movilidad, las brutales represiones con gases y balas de goma, y ahora el recorte en la cobertura de medicamentos del PAMI son pruebas contundentes de una política que no solo es cruel, sino letal.
La motosierra prometida en campaña no solo recorta presupuestos; arrasa derechos adquiridos y pone en riesgo la salud y la vida de quienes más necesitan del Estado. La reciente decisión de obligar a los jubilados a tramitar un subsidio social para acceder a medicamentos que antes tenían garantizados es un claro ejemplo de esta lógica despiadada.
El discurso oficial intenta justificar estos recortes bajo la bandera de la eficiencia administrativa. Según Esteban Leguizamo, director ejecutivo del PAMI, el nuevo sistema “financia la demanda y no la oferta”. Pero en realidad, lo que hace es excluir a miles de jubilados que, aun siendo vulnerables, no califican para el subsidio por no cumplir con requisitos absurdos.
Este ajuste encubierto no es solo un ataque económico; es un ataque moral. Obligar a un jubilado enfermo a justificar su necesidad ante un sistema burocrático es un acto de humillación que desconoce la dignidad de quienes trabajaron toda su vida.
Mientras Milei y su gobierno promueven la meritocracia y el “sálvese quien pueda”, los jubilados quedan desamparados. Según el propio PAMI, más de 600.000 afiliados se vieron afectados por la eliminación de la cobertura automática, una decisión que en muchos casos podría significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Pero esto no es un hecho aislado. Es parte de una política sistemática que busca desmantelar el sistema de seguridad social. Primero fue el veto a la Ley de Movilidad, que congeló los aumentos necesarios para que los jubilados puedan sobrevivir frente a la inflación. Luego, las represiones violentas a quienes se atreven a protestar, con gases lacrimógenos y balas de goma en las calles. Ahora, les quitan los medicamentos.
Cada recorte, cada veto y cada represión no son solo decisiones políticas: son tragedias anunciadas. Los jubilados no pueden esperar. No pueden postergar sus tratamientos, ni vivir sin medicinas esenciales para enfermedades crónicas. Estas medidas ponen en peligro la vida de millones de personas mayores y refuerzan la idea de que este gobierno prioriza los números sobre las personas.
La sociedad no puede quedarse callada ante este atropello. Lo que está en juego no es solo la salud de los jubilados, sino los valores fundamentales de solidaridad y justicia social que alguna vez definieron a la Argentina. El ajuste con la motosierra de Milei no es solo económico: es un recorte brutal a los derechos humanos.
Es momento de levantar la voz y exigir que estas políticas regresivas sean revertidas. Porque un país que abandona a sus mayores es un país que pierde su alma. Y eso, ni la eficiencia económica ni las excusas administrativas pueden justificarlo.