El Gobierno de Bolivia ha condenado este lunes «enérgicamente» el asalto «armado y violento» de unidades del Ejército en la zona del Trópico en Cochabamba, el epicentro de las protestas por parte de grupos afines al expresidente Evo Morales, en el marco de la crisis política que desde hace meses sigue en aumento.
Así lo ha manifestado el Ministerio de Defensa en su cuenta de la red social X, a través de un comunicado en el que denuncia la toma de estas bases militares como «graves delitos contra la democracia, la seguridad y estabilidad del Estado, la vida e integridad del personal militar, civil y de sus familias».
«Denunciaremos a todos los responsables intelectuales y materiales ante organismos internacionales y a las autoridades judiciales competentes para que se investigue y sancione con todo el rigor de la ley», ha asegurado la nota emitida por la cartera ministerial de Edmundo Novillo. «Todos los bolivianos somos conscientes que los responsables de estos actos delictivos deben asumir sus consecuencias», ha agregado.
Estas declaraciones se producen después de que este viernes «grupos armados irregulares» tomaran el control de varias unidades militares en el Trópico de Cochabamba, y otras 2.000 personas irrumpiesen de forma violenta en el cuartel Cacique Juan Maraza, en la localidad de Villa Tunari de la misma región, secuestrando a una veintena de personas, entre militares y personal civil.
Además, grupos irregulares han asaltado este sábado otras tres unidades militares en la zona del Chapare, tomando como rehenes a más de 200 efectivos militares, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores boliviano.
Hace más de veinte días, los seguidores de Morales comenzaron a levantar bloqueos en varios puntos de la geografía boliviana, especialmente en Cochambamba –bastión del expresidente, pero también en otras áreas de Potosí, Oruro, o Santa Cruz.
Las protestas, que si bien en un principio estaban motivadas por la crisis económica, han servido para reclamar las aspiraciones políticas de un Morales que, a pesar de no estar habilitado, insiste en presentarse a las nuevas elecciones. Los enfrentamientos con las autoridades han ido en aumento especialmente esta semana, después de que denunciara un supuesto plan para acabar con su vida.
Mientras tanto, Morales tiene varias causas judiciales abiertas. A las denuncias por los destrozos que se originaron durante la gran movilización que encabezó en septiembre, se han sumado recientemente los ataques a la Policía y sobre todo un supuesto abuso de menores y trata de personas por una relación que tuvo con una menor de 16 años cuando era presidente, y de la que nació una niña.