Hay gastos públicos que parecen surrealistas, pero que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que asumir adjudicando el servicio a empresas privadas porque no tiene medios para que la propia Administración los ejecute. El Ministerio del Interior está licitando actualmente un contrato para poder devolver los gastos de franqueo a 18.158 electores que residen en el extranjero y que ejercieron su derecho al voto en las pasadas elecciones europeas de 9 de junio. Lo más curioso es que Interior se gastará más en poder efectuar estos abonos (90.790 euros) que en lo que realmente tiene que devolver (85.524 euros). Ver para creer.
Pongamos contexto. La ‘Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General’ regula el procedimiento de votación para los ciudadanos españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero (censo ERTA) o que residen fuera de nuestras fronteras (el censo CERA). En ambos casos, se establece la gratuidad del procedimiento. Para garantizar esta gratuidad, es “necesario poner en marcha los mecanismos necesarios dirigidos a reembolsar el coste del envío del voto a los electores ausentes que residan en países en los que no ha sido posible abrir apartados de correos”.
Los datos de los que dispone Interior revelan que en las elecciones europeas un total de 69.021 electores CERA votaron por correo, de los que 52.158 proceden de países con apartado de correos y donde, por lo tanto, la gratuidad del envío está garantizada. Es decir, que el número de votantes CERA con derecho a devolución de gastos de franqueo se eleva a 16.863. A esos hay que sumar 1.295 del voto ERTA. Suman un total de 18.158 personas, que se traducen en 18.158 abonos que hay que hacer. ¿Cómo se les devuelve el franqueo?
Pues el cauce elegido para dicha devolución es el servicio de giro postal, ya que “se trata de un instrumento de pago seguro, garantizado y de amplia aceptación que ofrece mayor comodidad a los electores, al evitar su desplazamiento. Con este sistema se garantiza, por tanto, la devolución de dichos gastos de forma ágil, rápida y cómoda, ofreciendo una red fiable y segura para la transferencia de dinero. Se beneficiarán del giro postal los electores ubicados en países con los que exista este servicio. En el resto de los casos, se realizará a través del servicio de transferencias internacionales”, señalan desde Interior.
Lo más curioso es que, para la prestación de este servicio —una simple devolución por giro postal o transferencia bancaria—, el Ministerio del Interior asegura que “no dispone de medios materiales ni personales adecuados”. Por eso licita un contrato para que una empresa privada haga este trabajo. El Gobierno ya ha hecho una estimación del dinero que tiene que girar a estos electores, con un importe medio de 4,71 euros por cada uno de ellos. Es decir, un total de 85.524,18 euros. “Este importe no forma parte del contrato, pero ha de tenerse en cuenta en el gasto total aprobado”.
Para enviar 85.524,18 euros, Interior calcula que se va a gastar 90.790 euros (109.855,90 euros con el IVA), que es el presupuesto base de la licitación, excluido el IVA. Es decir, que se gasta más en el servicio prestado que en la cantidad que hay que reintegrar a estos electores. El procedimiento de licitación comenzó en agosto de 2024, pero Interior tuvo que paralizar el proceso por un error en la publicación de los pliegos. El contrato se retomó a finales de octubre. La empresa que resulte adjudicataria se compromete a realizar todo el servicio en un plazo de seis meses.